La Constitución Política del Estado es clara y terminante en lo que establece su artículo 21: el derecho a “La libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país”. Los demás incisos son definitivos y todos están obligados a su cumplimiento. El Art. 21 señala: “Los bolivianos tienen los siguientes derechos: A la autoidentificación cultural. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita, o visual, individual o colectiva. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso al país”.

Prevenir que “las bases no van a dejar, no van a permitir que los opositores hagan campaña electoral en sus comunidades o regiones” es absurdo e ilegal. Han señalado que “las bases superan a los dirigentes y que ellas no permiten entrar a la derecha a sus regiones porque tienen una organización y una estructura muy fuerte que incluso evitarán la división que es alentada por miembros de algunas plataformas ciudadanas” (ED 21/2/19). Este tipo de declaraciones alarma a quienes querrían visitar el trópico cochabambino y muchas regiones del país; temen, lógicamente, por su seguridad y esperan que las autoridades, como parte de sus deberes, otorguen las garantías para un desenvolvimiento libre de quienes realicen campañas.

Amenazar, prevenir o expresar criterios duros contra quienes desean realizar campañas con motivo de las elecciones de octubre, no es correcto ni está acorde con la Carta Magna y las leyes; ellos, por dirigentes que sean, están obligados a respetar las leyes y no tienen derecho alguno sobre ciudadano o agrupación o grupo político-partidista que puede permanecer en cualquier sitio o región del país. El gobierno está obligado a prevenir a esos dirigentes de grupos cocaleros que no pueden amenazar a nadie y, además, deben otorgar las garantías consiguientes conforme disponen las leyes.