Obviamente no es la idea más atinada y tampoco la mejor solución al problema, pero no hay duda que Cárdenas tiene toda la razón. En este momento no existe otra manera de que las mujeres puedan defenderse, ante el fracaso de todas las políticas, iniciativas, leyes y tantas otras campañas que se han puesto en marcha para frenar la violencia intrafamiliar, que hoy nos coloca en los rankings más vergonzosos del mundo.  Mucho peor cuando se puede observar que vivimos dentro de una cultura tan retrógrada, que se puede constatar en la forma que se expresan de las mujeres nuestros gobernantes y altos referentes de la política.

Eso de solucionar las cosas a las balas no debería sorprender y menos alarmar a nadie, pues últimamente los tiros salen de todos lados y no parecen estar ganando los buenos. Al menos Cárdenas quiere proteger a las víctimas, pero no es el caso de los constantes ataques que sufren las fuerzas de seguridad que controlan el contrabando, por ejemplo. El país ha sido testigo de numerosos ataques perpetrados por bandas de “narco-comunarios” con altos contactos en la dirigencia nacional contra las patrullas, ya sea del Ejército o de la Policía que le dan apoyo a la Aduana Nacional.

Lamentablemente las instituciones estatales han demostrado debilidad y complacencia en relación a estas bandas y en todo caso, grupos policiales y de otras fuerzas se han unido al enemigo, tal como se lo puede verificar en el reciente escándalo que involucra a oficiales de alta graduación. 

En lugar de combatir con todo el peso institucional, legal y represivo, el Estado se contiene y deja que los grandes exponentes de la economía ilegal ganen terreno y terminen imponiéndose como ha sucedido en el Chapare, donde el reciente episodio de la localidad de San Rafael es apenas la punta del iceberg y habla del desborde de un fenómeno que es un secreto a voces.

El robo de minerales en los principales centros de explotación del país, especialmente en aquellos administrados por el Estado, también es un asunto de vieja data. El Gobierno conoce perfectamente cómo actúan los grupos, sabe de los nexos que mantienen los ladrones con los trabajadores de las minas y lo que es más grave: las bandas criminales provienen en muchos casos del poderoso sector cooperativista, cuya relación con el régimen es muy estrecha. Ellos fueron los que asesinaron al viceministro Illanes, delito que hasta el momento navega en la impunidad y la falta de rigor investigativo. En este contexto, no debería sorprender a nadie el reciente episodio con un saldo de cuatro muertos en Huanuni. 

¿Hacia dónde vamos en estas condiciones? ¿Será que no solo las mujeres deberán andar en el futuro con un arma en la cintura para protegerse? ¿Para qué sirve un Estado que no protege a la mitad de la población, que no hace cumplir la ley y que deja el país a expensas de las mafias?