A una década de la constitucionalización de las autonomías, se puede asegurar que muy poco se avanzó y los gobiernos subnacionales, a pesar de tener la cualidad legislativa, aún permanecen manejándose bajo el centralista y/o descentralizado, que era casi lo mismo.
Para el real funcionamiento de las autonomías, se requiere que los gobiernos departamentales cuenten con sus Estatutos Autonómicos y las municipales sus Cartas Orgánicas, que vendrían a ser sus certificados de nacimiento que da lugar a la legalidad de sus acciones. Lo real es que solo tres de nueve departamentos tienen vigente su norma y de los 337 municipios, apenas 17 hicieron aprobar mediante referendo sus cartas. Son muy pocas.
Con esos resultados, pareciera que el proceso autonómico fue solo una salida a la confrontación política ideológica que se tenía hace 10 años y los actores que lo sustentaban, planteaban esa forma de Estado para quitar atribuciones a un nuevo gobierno que tenía bastante apoyo popular. La realidad muestra que ese ímpetu se diluyó y los resultados están a la vista, ya que ni siquiera esa cualidad legislativa de quienes tienen la garantía constitucional, hizo que se aprueben leyes que impacten o transformen su territorio.
Pasaron diez años y hay pocos resultados y el tema ya no está dentro de la prioridad de los actores políticos. Ni siquiera la nombran.