La democracia es un concepto universal que significa gobierno del pueblo. Como modelo político tiene su propia peculiaridad, según la evolución política de cada Estado y la correlación de fuerzas y actores. La universalidad de la definición tiene en las legislaciones estatales su forma de desarrollo. Por lo tanto, los modelos de democracia que adoptan los Estado no son universales, tampoco equiparables con relación a otros. Las comparaciones forman parte de la arbitrariedad o de la ignorancia política.

En los Estados existen tiempos en los que la democracia no solo implica la renovación periódica de los poderes públicos, sino también momentos fácticos de resolución de crisis y conflictos; los cuales impulsan el inicio de nuevos tiempos, sin negar el valor sustantivo de la democracia como institución. En nuestra historia y cotidianidad la democracia ha tenido un alto sentido político, por la cualidad popular, sindical y de izquierda de su conquista. Por ello, se ha constituido no solo en la forma política y organizativa de nuestra sociedad, sino también en el escenario de resolución de las crisis estatales.

Nuestros tiempos: Un primer momento fue el tránsito de la dictadura militar al Estado de derecho. La movilización popular impuso a la dictadura que sea el pueblo el que defina la constitución de los poderes políticos por la vía democrática. En este tiempo la democracia se convirtió en una condición política sustantiva irrenunciable.

Un segundo momento devino del agotamiento del modelo estatal desarrollado por el nacionalismo revolucionario. La crisis de gobernabilidad registrada durante el gobierno de la UDP se resolvió acortando el mandato constitucional y convocando a elecciones anticipadas. En este tiempo la democracia se institucionalizó como organización estatal, social y de resolución de conflictos.

Un tercer momento surgió tras el agotamiento del neoliberalismo como modelo estatal, crisis que también se resolvió por la vía democrática. La movilización popular puso en evidencia la crisis estatal y del sistema político, y expulsó del poder político al prototipo del neoliberalismo; pero fueron las urnas y la participación democrática del pueblo las que resolvieron la titularía política del poder.

Este tiempo también fue constitutivo no solo porque se resolvió la titularía política, sino también porque la crisis del modelo liberal neocolonial estatal fue resuelta por la constitución institucional del poder constituyente, a través de la convocatoria, la elección democrática y el desarrollo de la Asamblea Constituyente. La clausura del Estado liberal neocolonial y el nacimiento del Estado Plurinacional se dirimió por la vía democrática en el referéndum que aprobó la nueva Constitución Política del Estado en enero de 2009.

Entre el desarrollo de las deliberaciones del foro constituyente y la aprobación de la nueva CPE se constituyó una aparente dualidad de poderes. Por un lado, el Gobierno nacional, que expresaba el sentido de la transformación; y por otro, la “media luna”, que representaba lo más retrógrado del viejo Estado. Esta polaridad se dirimió a través de la participación democrática del pueblo en el referéndum inédito del revocatorio-ratificatorio celebrado en agosto de 2008.

Las revoluciones son tiempos indefinidos no solo porque expresan temporalidades de disputa y toma del poder, sino también el ejercicio del poder y la materialización de los ideales que dieron origen al momento fáctico de ruptura. El momento inicial de nuestra revolución por la vía democrática se sintetiza en el primer mandato de gobierno (2006-2009), en el que se sientan las bases constitucionales, políticas, económicas y culturales del nuevo Estado Plurinacional. Desde el Gobierno y los movimientos sociales nos impusimos la perspectiva como mandato estatal, pero fue el pueblo el que ratificó democráticamente, en las elecciones nacionales de 2009 primero y en 2014 después, la titularía política de la construcción y consolidación desde el punto de vista integral del nuevo Estado.

La matriz de nuestra revolución es la democracia, y el valor de este proceso descansa en la participación democrática del pueblo, porque quien decide en última y única instancia es el pueblo soberanamente. Los actores políticos institucionales (partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígena originario campesinos) nos sometemos al veredicto del pueblo no en el ámbito discursivo, sino que interpelamos a la sociedad con liderazgo, organización política y un programa de gobierno; les ofrecemos y proponemos una opción de gobierno y una visión de país; no nos arrogamos la representatividad, sino que ésta deriva de la democracia, siendo el pueblo el titular de esta definición.

Por ello, el Estado de derecho tiene en la participación democrática del pueblo el eje transversal de la legalidad y la legitimidad. Atribuirse su representación sin tener esa delegación implica el uso abusivo de una facultad inexistente. Hoy la democracia es más fuerte e irrenunciable; acudir al pueblo significa someternos a su veredicto y no sustituir la voluntad con eslóganes publicitarios y mediáticos como fórmulas de presencia pública.