El Reporte anual de violaciones a los derechos humanos sucedidas en Bolivia, difundido por esa instancia,   da a  conocer que en  Santa Cruz  está concentrada  la mayor cantidad (62)  de casos de persecución política, en relación a los que se  interpusieron  en los demás departamentos. 
 
“Muchos de estos casos persisten en el tiempo,  durante varios años. Uno de ellos es el denominado caso de supuesto terrorismo, donde los procesados llevan años”, indicó el coordinador del Observatorio Boliviano de DDHH, Romano Paz.

 A Santa Cruz le siguen los departamentos  La Paz, con 24 casos “monitoreados”; Chuquisaca, con 16 casos;   Pando, con cinco casos;  Cochabamba, con dos;  y Tarija, con uno. 

Paz explicó que la categoría “persecución judicial por motivaciones políticas” hace referencia a los procesos que se presentaron  contra ciudadanos “únicamente por criticar o pensar diferente  a las autoridades de Gobierno”. 

“Son intereses políticos partidarios, instrumentalizados   para perseguir judicialmente a todas aquellas personas  que estén  incómodas al discurso oficialista”, afirmó el coordinador.

Los 110 casos de persecución política de 2018 representan   el mayor registro de los últimos  cuatro años. En 2015 se “monitorearon” 102 casos; en 2016, 83 casos;  y en 2017, 89.

 “La justicia boliviana viene atravesando por una profunda crisis. Para nadie es de extrañar que la reforma judicial no dio  los resultados que se esperaban. El Órgano Judicial está sometido a los intereses del Órgano Ejecutivo”, manifestó  Paz.

Las reacciones 

El diputado oficialista David Ramos negó que en Bolivia  haya casos de  persecución judicial  por motivaciones políticas. 

“La mayoría de los que se dieron a la fuga del país -no vamos a decir que Gonzalo Sánchez de Lozada es perseguido político-, la mayoría están ligados a esa tendencia como Mario Cossío de Tarija, Manfred Reyes de Cochabamba, que  han sido aliados durante la masacre de Octubre Negro. Son prófugos de la justicia. Esos informes (del Observatorio) no tienen ningún asidero con los acontecimientos que se dieron en el país”. 

  En tanto, Gonzalo Barrientos, diputado opositor de Unidad Demócrata,   indicó que   la persecución política “es la característica de un régimen dictatorial”. 

“Es el poder a través de la justicia para generar persecución política, para acallar  y generar temor al pueblo;  por lo tanto, están cumpliendo una receta  a la venezolana. Hay muchos dirigentes de Adepcoca que son víctimas de persecución”, manifestó.