Transcurrida una década, nada menos, desde el reconocimiento constitucional de las autonomías (en plural) como cualidad del nuevo modelo de Estado, el camino recorrido confirma que se trata de un proceso complejo y, por tanto, de largo plazo. Su implementación es progresiva, con avances y repliegues, como sucede también con el componente plurinacional. ¿Se trata de un proceso sin marcha atrás? Quizás. Lo evidente es que hay demasiados obstáculos en el camino. Y los resultados son más bien modestos.

Entre los avances puede exhibirse la conformación de gobiernos autónomos en diferentes niveles de las entidades territoriales. Se registra también el ejercicio de competencias, limitado por la falta de experiencia y recursos. Y está el desarrollo de la cualidad legislativa. Claro que las normas en asambleas departamentales y concejos municipales, en general, son más declarativas que sustantivas. La organización territorial del Estado ya no es la misma, cierto, pero arrastra inercia y legados profundos.

Respecto a los documentos autonómicos, que son la cara visible en este proceso, hay escasos resultados. Diez años después, solo tres de nueve departamentos cuentan con estatutos vigentes. Los otros seis están congelados. Hay un emblemático, pero solitario, estatuto regional (Gran Chaco). A nivel local, de 337 municipios en el país, se han aprobado en referéndum solamente 17 cartas orgánicas, ninguna de ellas de una ciudad capital. Hay voluntad y esfuerzos, aunque los escollos parecen más fuertes.

Mención especial merece el proceso estatuyente de las autonomías indígena originario campesinas (AIOC), uno de los núcleos del Estado Plurinacional. Pese al ímpetu y convicción de varias naciones y pueblos IOC, únicamente se aprobaron tres estatutos con la consiguiente conformación de autogobiernos indígenas: Charagua Iyambae, guaraní; Raqaypampa, quechua; y Uru Chipaya, uru. En los tres casos el autogobierno tropieza con un Estado que no logra desprenderse, todavía, de la huella del municipalismo.

Pese a su naturaleza constitutiva en el proceso de refundación estatal, el rumbo de las autonomías está ausente en el debate público-político. Ocurre lo mismo, más allá de posicionamientos genéricos, en la oferta programática de las elecciones. La Agenda Patriótica 2025 solo menciona de manera periférica a las autonomías. Hay un impulso de recentralización. Desde la oposición, se lanza al azar la idea de federalismo o la noción de “federalizar las autonomías”. El 26 de mayo reafirmará la lenta tendencia.