De hecho, en septiembre de 2018, la expresidente del Senado Gabriela Montaño mencionó que las elecciones presidenciales de 2019 se realizarían el último domingo de octubre, explicando, en esa fecha, que las organizaciones políticas tendrían al menos 60 días para sellar alianzas y presentar binomios en las primarias, previstas para enero de este año. Es decir, el calendario electoral se estructuró minuciosamente, tomando en cuenta la fecha de las elecciones generales. Dicho criterio también fue tomado en cuenta por el reglamento para las primarias realizadas en enero 2019. 

No obstante, el Presidente, nuevamente mostrando que influye directamente en los órganos del Estado, “sugirió” al Tribunal Supremo Electoral (TSE) modificar la fecha de las elecciones nacionales aduciendo que el mismo 27 de octubre se realizarían elecciones en Argentina y Uruguay. Según Morales, esto perjudicaría a los bolivianos que viven en esos países y que desean emitir su voto en el exterior para elegir nuevas autoridades bolivianas.

Realizadas las averiguaciones del caso, la susceptibilidad del Presidente cae en saco roto, ya que tanto Argentina como Uruguay cumplen con todas las condiciones para que las bolivianas y bolivianos que se hayan inscrito para votar lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Por lo tanto, detrás de la sugerencia del Primer Mandatario  existen, como siempre, varios intereses políticos que debe cuidar, aunque esto signifique mezclar temas políticos partidarios con asuntos de Estado. 

Queda claro que al MAS no le conviene que las elecciones de Argentina y de Bolivia se crucen ya que  piensan que cuentan con un número importante de votantes en el vecino país. Los datos de la última elección, realizada en 2014, muestran que el 88% de los bolivianos residentes en Argentina que fueron a emitir su voto votaron por el MAS. Esto en número de personas corresponde a 64.251 personas. En el caso de Uruguay, el número no es tan significativo pero vale la pena tomarlo en cuenta. 

Emitieron su voto  108 bolivianos residentes en Uruguay, de los cuales votaron 57 por el MAS, es decir 53%. Lógicamente, teniendo en cuenta esas cifras, sería un mal negocio para el partido de gobierno que se interponga cualquier tipo de obstáculo para que su militancia o simpatizantes en el exterior no puedan acudir a votar. 

En segundo lugar, adelantar las elecciones significaría que el plazo para conformar nuevas alianzas en el marco de los binomios existentes, para definir planchas para la elección de asambleístas, deba también adelantarse de acuerdo al artículo 51 b de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Esto nuevamente pondría en apuros a las organizaciones políticas de oposición, tal como sucedió cuando debieron apresurar procesos en el marco de las elecciones primarias. 

Finalmente, ya se habría decidido que las elecciones se adelanten con el fin de realizarlas antes de que se haga público el criterio que debe emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la ilegalidad o no de la candidatura del binomio Morales y García. En efecto, realizados los cálculos, si bien la CIDH no fijó aún el plazo para emitir su criterio respecto a la ilegalidad de la repostulación del Presidente Evo Morales, es muy probable que el tratamiento se realice en el periodo de sesiones que se realizará en el 172º Período de Sesiones de la CIDH, del 2 al 10 de mayo en Kingston, Jamaica. Una vez que se dé dicho tratamiento, seguramente la CIDH podrá emitir un criterio en la subsiguiente sesión, a efectuarse del 23 de septiembre al 2 de octubre de 2019, en la sede de la CIDH en Washington, D.C. 

Siguiendo esa línea, si se adelantan las elecciones nacionales, el pronunciamiento de la CIDH no llegaría a tiempo y, por lo tanto, el MAS podría nuevamente burlarse del soberano saliéndose con la suya y con todas las condiciones a su favor, voto eficiente en el extranjero, y oposición desestabilizada. En resumen: se confirma que todas las acciones del gobierno giran en torno a intereses electorales y no a favor de los bolivianos.