Seguramente, cuando aprobaron la alternancia en los cargos no se imaginaron que ese acuerdo sería usado para algunos negociados.

El jueves, este medio de comunicación reveló que dos concejales de Vinto, Hugo Cáceres y Martha Choque, ambos elegidos con la sigla del MAS, se vieron “obligados” a pagar a sus suplentes para quedarse en el cargo.

El conflicto por la alternancia en ese municipio se arrastra desde abril de la gestión pasada. Pero, este año, se agudizó aún más, al punto de que las puertas de ese municipio fueron tapiadas. Ahora, ya tomaron protagonismo en el problema “las bases” de ambos bandos: de los titulares y de los suplentes.

Resulta escandaloso saber que Cáceres tuvo que pagar 21.000 bolivianos y Choque 22.000 bolivianos para que sus suplentes los “dejen trabajar”.

Pero, el problema derivado de la alternancia de los concejales no solo se presenta en Vinto. El 11 de abril del año pasado, nueve legisladores suplentes elegidos en Colcapirhua por el MAS, Frente Para la Victoria (FPV) y los Demócratas tapiaron las puertas del Concejo Municipal y se declararon en huelga, exigiendo que los titulares renuncien para cumplir con la alternancia. Luego de varios días y de arduas negociaciones, llegaron a acuerdos que pusieron fin a ese conflicto.

Posteriormente, el 24 de abril de ese mismo año, en Quillacollo, dos concejales masistas se declararon en huelga de hambre. Al final, acordaron una solución con la mediación de dirigentes departamentales del MAS.

Llama la atención que en todos los casos, los concejales suplentes aseguran que colaboraron en la campaña para que el titular gane y que, previos pactos y compromisos, esa “inversión” realizada sería devuelta con la alternancia en el cargo.

El acuerdo para que los suplentes asuman funciones de forma alternada se cumplió de manera pacífica y sin problemas en algunos municipios como el de Independencia, mientras que en otros persiste el intento de llegar a la titularidad.

En el caso de los diputados y senadores del partido en función de Gobierno, titulares y suplentes cumplen sus funciones sin dificultades.

Esa determinación de la alternancia solo fue asumida por el MAS hace casi seis años y, lo que fue aprobado para que todos trabajen de forma coordinada e igualitaria, se ha convertido en la “manzana de la discordia” para algunas autoridades.

Más allá de los acuerdos partidarios, lo que preocupa es que esos constantes conflictos no solo involucran a los protagonistas, sino que es el ciudadano de a pie el que está pagando las consecuencias de esos hechos.

Si nos referimos a Vinto, Quillacollo y Colcapirhua, donde han intervenido organizaciones sociales y otras instancias, se paralizó el trabajo de las alcaldías, porque, en algunos casos, fueron tapiadas las puertas de la institución.Ese hecho no solo imposibilita a los ciudadanos realizar trámites, sino que esos municipios dejan de recibir importantes ingresos.

Ojalá que quienes pugnan por el poder dejen de lado sus intereses y piensen en el bien común.