Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: domingo 10 de marzo de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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De un tiempo a esta parte, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se han arrogado atribuciones para impedir el libre tránsito, las campañas de partidos opositores, la libertad de pensamiento, permitir la circulación de vehículos chutos o indocumentados o, incluso, obstaculizar operativos antidroga, actos hostiles que quedaron sin esclarecer, por lo que sectores de oposición señalan que se trata de una republiqueta, que no contempla la Constitución Política del Estado (CPE) y las normas que rigen en todo el país.
Contenido
La presidenta de la Asamblea Permanente Derechos Humanos de La Paz,
María Eugenia Cárdenas, dijo que el trópico es una “tierra sin ley” y
que los cocaleros reciben un trato preferencial del Estado.
“Evo es presidente de la federación, eso es fundamental. No hay
presencia del Estado en la zona. No se actúa con la misma fuerza que en
otras zonas”, dijo.
Un reciente hecho que se registró es la emboscada que sufrieron dos
patrullas de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) perpetrada por
un grupo de personas que contaba con armamento moderno, pero además la
protección de pobladores del lugar a la actividad ilícita del
narcotráfico, posibilitando que una avioneta despegue de una pista
clandestina en los alrededores de la comunidad San Rafael. Este ilícito
se cobró la vida de un presunto narcotraficante y dejó heridos a dos
efectivos.
Pero, lo que llama la atención es que la dirigencia de los cocaleros,
de la cual también es presidente Evo Morales, señaló que deben informar a
sus ejecutivos sobre los operativos.
Tenemos reglas internas. Cuando los efectivos de la Unidad Móvil de
Patrullaje Rural entran para hacer emboscadas u operativos, mínimo
tienen que dar una llamada al ejecutivo (dirigente) para nuestro
conocimiento por una cuestión de seguridad de los mismos policías”,
afirmó el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de
Cochabamba, Andrónico Rodríguez.
Tras muchas críticas y seis días de inacción, el Ministerio de Gobierno aprehendió a 12 sospechosos en un megaoperativo.
Según un recuento de este medio, en los últimos dos años se realizó al
menos 10 incursiones de erradicación e interdicción de relevancia en
los Yungas de La Paz, en los cuales se detuvo a 270 personas.
En agosto del pasado año, dirigentes afines al Gobierno se opusieron al
ingreso de la Comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la
Naturaleza para que verifique las denuncias de vulneraciones en el
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
El justificativo, “no tiene autorización” y no ha coordinado con los
“legítimos y verdaderos” dirigentes su ingreso al territorio indígena y a
la zona del Polígono 7. Cárdenas, que fue parte de la comisión, dijo
que los productores “vulneraron todos sus derechos” y que actuaron
encima de toda la ley.
Un año antes, en agosto de 2017, un equipo de prensa de Los Tiempos fue
rodeado por comunarios cuando realizaba una inspección a la
construcción de puentes en el lugar. En varias oportunidades, los
cocaleros no permitieron el paso de autoridades ni medios de
comunicación. La carretera, que atravesará por el parque, fue una
promesa electoral que Morales hizo sus afiliados cocaleros.
Prohíben campaña de opositores
El pasado año y este los cocaleros del trópico prohibieron el ingreso
de partidos políticos de oposición a esa región para hacer campaña a
riesgo de su seguridad. El dirigente Leonardo Loza advirtió que no
garantizan la seguridad del candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos
Mesa.
Tampoco se permite la libertad de elección política bajo la amenaza de
la destrucción del cato de coca, quitarles su propiedad, entre otras,
como ocurrió con el productor Erasmo Toaca, quien fue agredido por hacer
campaña por Mesa. Éste fue expulsado de los sindicatos de la zona.
Sucedió lo mismo con el concejal opositor de Shinahota, Limberth Condo.
La mayor parte de las pozas está en el trópico
De acuerdo al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, de las 1.004 fábricas de cocaína base descubiertas y
destruidas en 2018 en Bolivia, 670, es decir el 67%, funcionaban en
Cochabamba, más que todo en el Chapare.
En Santa Cruz se destruyeron 318, equivalentes al 32%, en La Paz se
desmantelaron 13, el 1%, y en otras regiones se hallaron tres, igual al
1%.
Linchamientos y la complicidad del silencio
A pesar de que el trópico no es el único lugar donde se registran
linchamientos, llama la atención los casos que quedan impunes por el
conocido “pacto de silencio”.
Según datos, entre 2013 y 2018 se registró al menos 22 linchamiento en Bolivia, nueve de los cuales ocurrieron en el trópico.
Sólo en 2013 se reportó cuatro linchamientos en los municipios del
trópico de Cochabamba, según una revisión de medios de la época. Ese año
fueron quemadas 10 personas y cuatro de ellas fallecieron, sin que la
Policía y las autoridades pudieran hacer algo al respecto.
En 2018 se registró al menos tres casos, al igual que en 2017.
Ninguna de las investigaciones avanzó por el “pacto de silencio” de
los comunarios, que obstaculizan las investigaciones de los fiscales y
policías.
Circulan autos “chutos” sin ningún control
Una investigación de Los Tiempos, publicada en abril de 2018,
evidenció que en Ivirgarzama, a unos 201 kilómetros de la ciudad de
Cochabamba, la existencia de una gran parte del parque automotor, salvo
el que tiene ruta o relación directa con la ciudad, no cuenta ni
siquiera con las placas de control vehicular que, en teoría, son un
requisito imprescindible para su circulación por cualquier zona del
territorio nacional.
Lo que pasa es que los vehículos importados irregularmente o “chutos”,
según informes del Gobierno, de la Policía y de los mismos
comerciantes, adoptan ciertas características como por ejemplo el uso de
placas de control falsas, duplicadas o hechizas o todo a la vez, además
se trata de automóviles que fueron importados ilegalmente y que
circulan sin autorizaciones ni conocimiento de las autoridades
nacionales ni municipales.
En el trópico de Cochabamba el comercio de combustibles como la gasolina sigue realizándose en bidones sin problemas.
En las estaciones de servicio se pudo observar cómo vehículos -algunos
incluso de servicio de taxi- además de abastecer su propio tanque de
combustible, también compran gasolina en bidones sin ninguna
restricción. Por ejemplo, en Ivirgarzama se verificó que algunos taxis y
surubíes sin placa circulan sin que sean controlados.
