Cuando un hecho físico se repite en forma recurrente se convierte en una ley física, como, por ejemplo, la ley de la gravedad. De la misma manera, cuando un hecho social se repite sucesivamente, se convierte en una ley específica de la vida social, como la ley de las revoluciones.

El desarrollo político de la sociedad boliviana está sometido, en ese sentido, a leyes naturales, pero también en su evolución ha creado leyes particulares. Una de ellas es la ley que se opone al prorroguismo presidencial indefinido de un mandatario y, como norma complementaria, cuando éste intenta hacerlo, se lo evita irremediablemente mediante la violencia insurreccional, para poner el curso de la historia en su verdadero camino y el orden creado por costumbres consuetudinarias.

La política boliviana, de acuerdo con sus propias necesidades, ha creado la “ley contra el prorroguismo”, la misma que no nació de deseos de algunos políticos, sino es fruto popular y se ha convertido en norma no por capricho individual, sino por su insistente realización. Es más, en esa disposición, se aplica también el aforismo “la ley es dura, pero se cumple”.

En Bolivia, desde su fundación y en especial durante el Siglo XX, los gobiernos generalmente fueron elegidos por el voto ciudadano, excepto algunos golpes de Estado que también, en algunos casos, fueron legalizados por vía legislativa (de Saavedra, Busch, Villarroel).

La historia contra el prorroguismo en el poder ya fue combatida cuando la primera Constitución boliviana, redactada por Simón Bolívar, estableció la presidencia vitalicia, medida que causó tanto malestar en la población que al poco tiempo fue anulada. Otros gobiernos, como el de Mariano Melgarejo, también intentaron el continuismo, pero las costumbres políticas en práctica se lo impidieron. En el caso de Melgarejo, este autócrata quiso quedarse en el poder mediante el recurso de la dictadura, pero oposición superficial y subterránea no lo aceptó y lo expulsó del gobierno de forma ignominiosa el 15 de enero de 1871. La lección fue ejemplar y ningún otro gobernante de animó a repetirla, sino hasta varios decenios después.

Sin embargo, entre 1900 y 1920, los liberales también intentaron prorrogarse, pero fue un grave error. Los republicanos los defenestraron, aunque al poco tiempo, el presidente Bautista Saavedra quiso quedarse en el poder e hizo circular la idea con gente de su confianza para que se apruebe un proyecto de ley en la Cámara Baja.

Pero esa proposición fue rechazada con tal energía por la opinión pública, que el mismo Presidente, con inteligencia y oportunidad, se apresuró para pedir que el proyecto no fuese aprobado por la mayoría parlamentaria a su favor.

Ya para entonces, la repetición sucesiva de la oposición al prorroguismo se había convertido en “ley”, pero como las ambiciones y el poder ciegan a los gobernantes, el presidente Hernando Siles (1926-1930), perdiendo la perspectiva histórica, engañado por sus seguidores y por sí mismo, quiso también quedarse en la presidencia por un período más, pero, para entonces, la ley antiprorroguista ya estaba en plena vigencia, y una insurrección lo defenestró del gobierno, como diciendo “nunca más”.

Así, si bien la enseñanza fue ejemplar, los deseos de siguientes gobernantes no dejaron de reproducirse y hasta se multiplicaron, sin tomar en cuenta que caían en oponerse a la ley histórico-social de no aceptar la prórroga presidencial. Se cumplió, entonces, nuevamente la ley, con los casos de los presidentes Gral. Hugo Ballivián (1952) y Víctor Paz Estensoro (1954), que también cayeron bajo el peso de dicha ley, mediante insurrecciones populares, que son la forma en que se hace cumplir esa norma específica de la vida social boliviana, hoy ausente entre elementos oficialistas por falta de una clara comprensión de las leyes histórico-sociales propias de nuestro país.