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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: sábado 09 de marzo de 2019
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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La presidenta del Concejo Municipal de Tiquipaya, Margarita Siles,
cuestionó que el Alcalde no haya interpuesto al menos procesos
administrativos contra siete funcionarios que fueron miembros de la
comisión de recepción de los motorizados. “No ha hecho nada (el
Alcalde). Los servidores implicados debieron ser despedidos, pero siguen
siendo parte de la función pública”.
La autoridad señaló que el
Alcalde debe recuperar 248.152 bolivianos, por este caso. La auditoría
dice que no se cobraron multas por el incumplimiento en las
especificaciones. En la compra del carro recolector de basura se
consideró 26.292 bolivianos; por la adquisición del carro compactador de
basura, 90.144 bolivianos; por la ambulancia establecieron 67.456
bolivianos; y por un carro canasta telescopio con aislamiento
dieléctrico, 64.250 bolivianos. El mismo documento dice que “emergente
del procedimiento de aclaración corresponde dejar sin efecto los
indicios de responsabilidad civil establecidas contra los miembros de la
comisiones de recepción y de las empresas”.
Siles manifestó que
hace dos semanas recibieron el informe de la Contraloría e indicó que el
Alcalde tiene un plazo de 15 días para tomar acciones en contra de los
funcionarios, además de informar a los concejales municipales en qué
situación está el caso. “El Ejecutivo no ha hecho nada. Estamos
esperando a que pasen esos 15 días y si en ese tiempo no inicia los
procesos respectivos, nos querellaremos contra el Alcalde por incumplir
sus deberes”.
Este medio de comunicación intentó contactarse con
el alcalde Juan Carlos Ángulo, para conocer su versión al respecto, pero
no respondió las llamadas.
La vicepresidenta del Concejo
Municipal de Tiquipaya, Consuelo Gómez, señaló que interpondrán las
denuncias necesarias por irregularidades en el municipio. Recordó que el
jueves presentaron una acusación contra el alcalde Juan Carlos Ángulo,
el exalcalde Sául Cruz y otros tres funcionarios, además de una empresa,
por incumplimiento de deberes, de contrato y conducta antiecónomica. La
acusación se realizó tras que la Contraloría detectara un daño
económico de 173.840 bolivianos, después de una auditoría al proyecto de
construcción de embalses y canales de conexión Monte Lagunas
Cordillera. El Alcalde, en una conferencia, aclaró que el empresario
desembolsó el dinero.