Las diputadas masistas Valeria Silva, Betty Yañíquez y Sonia Brito, denunciaron que Medrano Strelli, como apoderada de Saavedra Toledo, tuvo un “intercambio de notas” con su esposo ante la solicitud de fotocopias legalizadas relacionadas con la Ordenanza Municipal 538/2016, autorizando el cambio de uso de suelo de “aires de río” a “áreas de equipamiento” del lote donde se planifica construir el WTC.

Siñani no firmó ese documento, y rebatió la acusación el jueves con la siguiente afirmación: “Desde el principio dije que en este trámite mi esposa figura como apoderada, yo tomé la decisión de no participar ni del debate ni de la votación. En ningún trámite de Tersa mi esposa es representante legal, y en el caso del trámite de cambio de uso de suelo, sí es apoderada de un particular (Saavedra) y es justamente en el caso en el que abandono la sala de sesiones”.

Ayer, EL DEBER accedió a un nuevo elemento, la ordenanza 500/2017, que sí está firmada por Siñani, como secretario del Concejo Municipal. En este caso, como en la anterior ordenanza, tampoco firmó el presidente del Concejo, Pedro Susz y en su lugar lo hizo el concejal Jorge Silva, del MAS.

Este medio volvió a preguntar a Siñani, y su respuesta fue la siguiente: “En este trámite, mi esposa no es la apoderada de Saavedra, el que hace el trámite es un señor Boris Kusevic. Pero, además, yo firmo la ordenanza municipal porque el reglamento del Concejo dice que deben firmar el presidente y el secretario”.

La diputada Valeria Silva, del MAS, aseveró que tanto esta ordenanza como el conjunto de documentos oficiales que entre “los esposos son parte del legajo que evidencian la relación institucional que fue personificada por ambos”.

Aseguró que los asuntos en que se vio involucrada la pareja fue serial. “Son varias instancias de relacionamiento entre marido y mujer y este tipo de tratamiento no se resuelve con pararse o sentarse durante el desarrollo de una sesión de Concejo. Cuestionamos que es una prueba de que pudo existir información privilegiada que circuló entre el Concejo y otras instancias con el grupo de poder Toyosa-Tersa”.

Saavedra es socio mayoritario de la empresa Tersa S.A., que está encargada de la administración del relleno sanitario de Alpacoma y contrató como abogada externa a la cónyuge del concejal Siñani, que es su apoderada en decenas de procesos laborales, principalmente.

Por esto las asambleístas presentaron una denuncia y el jueves la Fiscalía definió que lo procesará por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Con respecto a la firma del concejal Silva, como presidente interino, en las dos ordenanzas, la diputada advirtió que éste no es “esposo de la señora Maricruz Medrano, quien comparte información privilegiada con el grupo de poder es el concejal Siñani. Si hablamos de dos delitos, nos referimos explícitamente a ellos dos”, dijo.

Aseguró que el día que una empresa, cualquiera que sea, le otorgue facultades plenipotenciarias a cualquier concejal del MAS, por supuesto que será investigado.

Lo que también se revela en esta ordenanza es que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, firmó un convenio con Saavedra. En su artículo primero aprueba ese documento suscrito en fecha 9 de agosto de 2017.

Se menciona que el objeto de ese acuerdo fue la aprobación del “plan de masas y demás autorizaciones administrativas durante la ejecución del proyecto del WTC en sus diferentes etapas”.

Al mismo tiempo, definió las acciones necesarias para llevar a cabo las obras civiles recomendadas por el estudio de impacto vial elaborado por la empresa Tranter Consultores SRL en ese mismo año, al sistema del sector aledaño al proyecto y la construcción e implementación de una terminal para el La Paz Bus.

Este tema tiene larga data. El Gobierno también negoció con la empresa y el 4 de abril de 2013 suscribió un convenio bilateral entre el Ministerio de Obras Púbicas y Edwin Saavedra.

El documento estableció compromisos para llevar adelante un proceso de coexistencia, integración y cooperación entre la construcción e implementación del Teleférico, que en ese lugar tiene hoy estaciones de las líneas Amarilla, Verde y Celeste, y la denominada “Ciudad empresarial Los Leones”, hoy WTC.

Saavedra, como propietario del terreno, transfirió dos áreas de forma definitiva para las estaciones del teleférico. Se especificaba la cesión de una extensión máxima de 5.000 metros cuadrados, sujetos a régimen de propiedad horizontal.

El ministerio se comprometía a no obstaculizar la construcción del proyecto empresarial, que podía ser construido hasta la altura, los laterales o por encima de las líneas del transporte por cable, entre otros temas técnicos.

En la cláusula séptima, se establecía claramente que si la Alcaldía de La Paz requería participar “deberá procederse a la suscripción de un convenio tripartito”.

Valeria Silva señaló que “la investigación se basa en la veracidad de los documentos que recibimos: la relación que existe entre Siñani y su esposa. Está claro que Mi teleférico construyó en terrenos que fueron públicos y en otro momento pasaron a ser privados. Pero esas explicaciones deberá darlas el Ministerio de Obras Públicas y Mi teleférico”.

Aseguró, sin embargo, que “si fuera necesario”, se convocará al ministro del área para que aclare este tema.