En el ámbito internacional los tratados sobre los derechos humanos  obligan a ampliar el catálogo de los derechos fundamentales y ofrecen un gran argumento para hacerlo. De esta forma  debemos entender que los derechos humanos se van consolidando en la medida en que  la comunidad internacional y regional los va incorporando. 

Esto quiere decir  que la regla del artículo 13  IV de la CPE al consagrar el bloque de constitucionalidad, se aplica la Carta Americana de los Derechos Humanos cuando establece un estándar superior. Nunca inferior, al propio de la Constitución (ver art. 256 de la CPE).

Desde el punto de vista jurídico-constitucional, la democracia en Bolivia está en riesgo o se autodestruye  por la omnipotencia de un Gobierno absolutista que por su mayoría política: 

a) Controla con rigidez política, amenazas y presión todos los órganos o poderes del Estado, sin respetar su independencia; 

b) Dicta leyes imponiendo su mayoría formal y legal sin el mínimo de respeto al debate de minorías y  en beneficio del partido o sin escrúpulo del binomio Evo Morales Ayma y García Linera;

 c) Se conforma y reestructura el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con vocales intérpretes y ejecutores de proyectos y directrices del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa Plurinacional, provocando situaciones injustas e inconstitucionales por favorecer al régimen (habilitación del binomio del MAS para las elecciones del 2019); 

d) Un Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que deja mucho que desear de su independencia y coherencia competencial, al dictar la SCP 0084/2017 de 28 de noviembre que “autoriza la reelección indefinida de Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y otros”.

Desconoce  que en acciones abstractas de inconstitucionalidad no es permisible mutar o inaplicar artículos de su propia Constitución (ver art. 202.I CPE), más aún si el Constituyente ha establecido un procedimiento general para la reforma total de la Constitución y fijado un procedimiento especial para la reforma parcial de la Constitución (ver arts. 411.I y II., de la CPE) y, 

e) Si Bolivia es un Estado libre, democrático y soberano,  ¿por qué el TCP y el TSE durante estos tres años en que los ciudadanos bolivianos por Referéndum   21F  convocado por el partido de gobierno le  DIJERON NO A LA REFORMA DEL artículo 168 de la Constitución y por consiguiente NO A LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE EVO MORALES Y ÁLVARO GARCÍA LINERA, persisten  de manera fraudulenta restando el carácter vinculante, obligatorio y de cumplimiento eficaz e inmediato del   21F?

La respuesta del Gobierno hacia los ciudadanos es  antidemocrática  y sencilla: 

Primero, sostienen  que la sentencia del TCP es vinculante y obligatoria, pero se autodescalifican cuando el propio asesor de la Constituyente, Roberto Viciano, dice que la SCP 0084/2017 tergiversa la interpretación del artículo 23 de la CADH. 

Segundo, expresan que el referéndum 21F será sepultado por las primarias, premonición alejada de la verdad, porque el referéndum 21F logró 2.682.517 de  votantes que se inclinaron por el NO a la reelección (51,3%), en tanto que el binomio Morales Ayma y García Linera alcanzaron el apoyo mínimo de 400 mil de sus militantes en las primarias del 27 de enero de 2019 (40%); 

Y tercero, recurren a la falacia que la Comisión IDH, en sus  sesiones realizadas en Sucre, ha enterrado el referéndum 21F. 

Ante semejantes impropiedades ajenas a la teoría constitucional y a la realidad social,  no sería nada extraño que emerjan de la matriz  intelectual del presidente, vicepresidente, senadores, diputados y afines del MAS  otras megalomanías para perpetuarse en poder por encima de la CADH.

¿Por qué el Gobierno no quiere irse por la puerta ancha? Porque sabe que el periodo que termina y el que procura escalar a costa de la fidelidad del TSE son  ilegales, antidemocráticos y anticonstitucionales  (2015-2019 y 2020-2025). Por tanto, violan los derechos políticos y derechos humanos de la CADH y de la DDHH  (art. 23.1.b y art. 25 incs. A), b) y c). 

Además se pretende blindar perpetuándose en el poder por obras denunciadas con sobreprecio: la Casa Grande del Pueblo costó 240 millones de dólares; el Museo de Orinoca 50 millones de dólares; la estatua a los padres de Evo Morales en Punata demandó cuatro millones de dólares; avión presidencial Falcón francés, 38,7 millones de dólares;  tres aviones y dos helicópteros, 20,3 millones de bolivianos; cinco vehículos de seguridad, de los cuales dos son blindados, costaron 6,2 millones de dólares;  barcazas chinas, 30 millones de dólares; Fondioc, 182,7 millones; desfalco  Banco Unión, 37,69 millones. 

Las plataformas ciudadanas, comités cívicos, binomios opositores y organizaciones civiles, que en posición constitucional, democrática defienden con principios y convicción el valor del referéndum 21F, que vive y palpita en el civismo de toda la sociedad boliviana, expresan el despertar y esperanza del pueblo para vivir en libertad, paz y seguridad jurídica. 

Protesta civil pacífica que recordando los tres años del referéndum 21F  lanzan un mensaje al régimen que defenderán la democracia, la alternancia, el valor del referéndum 21F y los derechos humanos y políticos contenidos en la CADH y exigirán a la CIDH, su decisión urgente e inmediata aún sin esperar la petición de opinión consultiva, por la gravedad de la situación hasta “deshabilitar al binomio Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera” en las elecciones del 2019. Seguros de abrir pronunciamientos ante organismos internacionales que respalden la causa democrática de Bolivia.

En Bolivia no necesitamos de tribunos que se cabalguen en una Constitución de militantes, ni de vocales electorales que deslegitimen la democracia al servicio de un partido político, sino de autoridades dignas, por así decirlo  óptimo iure  para restaurar la democracia.