“La reacción que tuvo la Subcentral Tariquía ha sido precisa para poner las cosas en claro: es sentar un precedente en sentido de que están en el deber de hacer respetar sus derechos (...). Lo que se dio es la imposición del Gobierno y las empresas a una decisión orgánica que asumió la gente en su momento”, señaló.

Campanini explicó que las comunidades campesinas a través de su subcentral presentaron varios recursos a nivel nacional, como una acción popular y un recurso de inconstitucionalidad que no prosperaron, entre otras medidas, por lo que estarían habilitadas a recurrir a instancias internacionales luego de agotar las internas.

El investigador dijo que en aplicación a los contratos firmados por el Gobierno y las petroleras en enero de 2018 para exploración y explotación de hidrocarburos se dio el avance hacia los bloques San Telmo Norte y Astillero, además de la rehabilitación del bloque Churumas,

El proyecto Churumas se encuentra ubicado en la zona núcleo del AP hasta el 2014, cuando el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) rezonificó la reserva natural sin informar de la acción a las comunidades campesinas afectadas.

El proyecto hidrocarburífero incluye la intervención del pozo CHU-X2, así como la perforación del pozo CHU-3.