"La reacción que tuvo la Sub Central Tariquía ha sido precisa para poner las cosas en claro; es sentar un precedente en sentido de que están en el deber de hacer respetar sus derechos (...). Lo que se dio es la imposición del Gobierno y las empresas a una decisión orgánica que asumió la gente en su momento", señaló.
Campanini explicó que las comunidades campesinas a través de su sub central presentó varios recursos a nivel nacional, como una acción popular y un recurso de inconstitucionalidad que no prosperaron, entre otras medidas, por lo que estarían habilitadas a recurrir a instancias internacionales luego de agotar las internas. 
El investigador dijo que en aplicación a los contratos firmados por el Gobierno y las petroleras en enero de 2018 para la exploración y explotación de hidrocarburos se dio el avance hacia los bloques San Telmo Norte y Astillero, además de la rehabilitación del bloque Churumas,
El proyecto Churumas se encuentra ubicado en la zona núcleo del AP hasta el 2014, cuando el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) rezonificó la reserva natural sin informar de la acción a las comunidades campesinas afectadas. El proyecto hidrocarburífero incluye la intervención del pozo CHU-X2, así como la perforación del pozo CHU-3. 
"Astillero es un consorcio entre Chaco (60 por ciento ) y Petrobras (40 por ciento ) y San Telmo Norte es un contrato entre Chaco y Petrobras pero la relación es a la inversa, 40 por ciento para la primera y 60 por ciento para la brasilera", explicó.
El especialista explicó que los tres bloques afectan a Tariquía, pues ingresan a la reserva luego de obtener sus licencias ambientales en noviembre del año pasado e incluyen tanto acciones de perforación exploratoria de pozos, como la posterior explotación.
Están proyectados dos pozos en San Telmo Norte, dos en Astillero y uno nuevo en Churumas, donde hubo una perforación antigua el 2006 que será intervenida otra vez.
"¿Cómo se complica el conflicto?, porque una de las subcentrales más grandes que es la Sub Central de Tariquía, a finales de 2015 y principios de 2016 emitió votos resolutivos por comunidad de acuerdo a su organización rechazando los proyectos hidrocarburíferos, hicieron una marcha desde Tariquía a Tarija, acciones de resistencia, eventos de solidaridad. Están en una lucha de hace tiempo", señaló.
Sin embargo y a pesar de ese rechazo dijo que el Gobierno decidió aprobar los contratos a través de la Asamblea Legislativa donde el partido oficialista cuenta con dos tercios de votos, sin considerar el rechazo de las comunidades campesinas.
Campanini expuso un mapa: "los proyectos que se han realizado son dos sísmicas que llegaron a los límites; una magnetotelúrica que se realizó en la reserva y los proyectos de perforación que son el problema actual. Los proyectos Domo Oso, Churumas y Astillero son el conflicto ahora".

"La consulta no es la solución"

El experto del Cedib afirmó que para que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua haya emitido las licencias ambientales para la actividad hidrocarburífera en la Reserva de Fauna y Flora Tariquía debió realizar las consultas a las comunidades afectadas, aunque advirtió que sus resultados no son vinculantes.
Citó que la norma permite hacer dos tipos de consulta: la consulta y participación y consulta pública, mientras la primera se realiza a las comunidades por parte del Ministerio de Hidrocarburos, la segunda va dirigida a las autoridades públicas locales como alcaldes, legisladores y personas privadas.
"El problema es que quien la organiza es el representante legal de la empresa, en este caso la hizo Chaco y una consultora y no hubo un árbitro, un ente imparcial", dijo.
Según el investigador, todavía hay quienes desde los territorios en resistencia creen que la consulta es un instrumento para validar o mantener sus derechos, cuando en la práctica es todo lo contrario, porque no se constituyen un veto a los proyectos extractivistas o invasivos ni tienen carácter vinculante.