La denuncia por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y daño económico se basa en un dictamen de la Contraloría General del Estado que estableció un daño de 174 mil bolivianos por una obra realizada en 2013 y 2014.

“En la construcción de esta subalcaldía se notaron ampliaciones de plazo irregulares que las otorgó el director de Obras Públicas de entonces, Juan Carlos Angulo”, dijo Valdivia.

Explicó que, si bien estos 174 mil bolivianos fueron resarcidos, persiste la conducta penal en la cual han incurrido los funcionarios, como incumplimiento de deberes y daño económico porque los recursos se podían haber usado en obras en beneficio de la población.

En febrero pasado, cuando se conoció el dictamen de la Contraloría General del Estado, la empresa constructora Hinojosa asumió el daño económico establecido por la Contraloría y pagó 173.839 bolivianos.

Sin embargo, las concejalas consideran que los delitos que derivaron de esa conducta persisten y ayer presentaron una denuncia en la Fiscalía. Más adelante planean constituirse como querellantes.

La presidenta del Concejo Municipal, Margarita Siles, considera que el informe de la Contraloría es una prueba del daño económico ocasionado. “Se ha constatado que hay favoritismo a ciertas empresas, entonces, estamos haciendo la denuncia penal y además ya hay un informe de la Contraloría General”, enfatizó.