Al mejor estilo del fascismo, sea de formas pacíficas, a través de silenciosas involuciones autoritarias, lo evidente, es que democracia y derechos constitucionales pueden ser banalizados desde la cúpula con políticas legislativas anticonstitucionales, pero también  desde abajo, cuando se produce la aceptación  de la subordinación al régimen, monopolización de las comunicaciones estatales, quiebre de las organizaciones sociales, difusos tratamientos tributarios, desmovilización y pérdidas de personerías de partidos políticos disidentes al sistema, juzgamientos ilegales, ausencia de licitaciones públicas, invasión energética en parques nacionales, difusión y tratamiento diferenciado de racismo y hasta quiebra de representación. El resultado es la  transmisión desde arriba de una agenda política perversa, sin límites en la estructuración legislativa, oprobioso control de la jurisdicción ordinaria y constitucional y con el añadido del sometimiento del Tribunal Supremo Electoral y consiguiente obsecuencia a decisiones gubernamentales.

El descrédito y falta de independencia del Tribunal Supremo Electoral (en adelante TSE), que poco o nada dice con relación al presidente que habló de la posibilidad de adelantar las elecciones el sábado 23 al estilo venezolano  (Maduro elegido en mayo de 2018 y posesionado el 10 de enero de 2019), no pasa por la abstención del voto, verbigracia las primarias del 27 de enero de 2019, donde el partido de gobierno tuvo que beber el agua agridulce de su torrente cocalero y los fieles del poder público que en lugar de consenso aprobatorio le manifestaron su disenso en relación con las políticas del gobierno del MAS (400.000 votos de militantes); sino por el cambio de la calidad del voto, a pesar de controlado y obligado al sector público, no se vota “por”, sino solo y preferentemente “contra” para impedir el éxito del binomio del MAS, porque penosa y espantosamente los actuales gobernantes violan la Constitución (art. 168 CPE y arts. 23.1.b y 32 de la CADH), naturalmente con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral, que opta por seguir manteniendo la habilitación del binomio Morales Ayma y García Linera, a sabiendas que el Referéndum 21 f del 2016 lleva la autoría y rúbrica del TSE, que proclamó públicamente que ganó el NO a la modificación del art. 168 de la Constitución y consecuentemente, el respeto del derecho constitucional a la alternancia democrática; esto es que los actuales gobernantes “son” y siguen “siendo” ilegales e inconstitucionales hasta que la Corte IDH ratifique el estándar interpretativo del artículo 23 en el caso Yatama-Nicaragua. Obviamente con las variantes y agravantes en las que ha incurrido el Tribunal Constitucional Plurinacional al dictar la sentencia SCP 0084/2017.

Si los foros internacionales de derechos humanos y políticos de la región y sus homólogos de los demás continentes (Europeo, Africanos, ONU, etc), se alinean con firmeza con resoluciones similares a las determinadas contra el  presidente “usurpador” Nicolás Maduro elegido el 22 de mayo de 2018 en un proceso que fue calificado por la Unión Europea, OEA, ONU, países del grupo de Lima, Estados Unidos, Japón entre otros,  de falta de transparencia y garantías electorales, extendiendo sus efectos a la dictadura de Nicaragua y el autoritarismo impostor que se pretende consumar en Bolivia, la sociedad boliviana podría liberarse de la codiciada gobernabilidad a perpetuidad del actual régimen y, por ende, del genocidio deshumanizante y salvaje que vive el hermano pueblo venezolano, que lucha por restaurar la democracia, conseguir el ingreso de la ayuda humanitaria para alimentarse y cubrir sus necesidades vitales de salud.

Esta gravísima situación, nos recuerda la historia en las manifestaciones de la primavera árabe, al dictador Muaneor Gadafi que fue derrocado por la OTAN y coalición de fuerzas, expulsándolo del gobierno de Libia, terminando ejecutado cuando intentaba huir. Así fue, que sus 42 años en el gobierno, segundos bastaron para frenar la catástrofe humana intolerable.

Ferrajoli L., dice: “Un ámbito distinto y mucho más amplio es que se requiere, para las instituciones y las funciones de garantía, legitimadas no por el consenso popular sino por la universalidad de los derechos fundamentales y del principio de la paz, establecidos por las diversas cartas constitucionales y supranacionales”.