Durante el ampliado del Movimiento Al Socialismo realizado el sábado en Cochabamba, Evo Morales confesó que su partido pedirá al TSE “que se cambie la fecha de las elecciones nacionales”, adelantándolas o retrasándolas para que no coincidan con los comicios de Argentina y Uruguay.
Aquí pueden estar pesando varios factores:

1. La necesidad de adelantar los comicios ante el agravamiento de la situación estratégica para el MAS, ante un probable derrumbe del régimen de Maduro y por las debilidades en la macroeconomía nacional (que incluso presionan el tipo de cambio, como lo indica una reciente publicación de Bloomberg). Aquí se plantearía pisar el acelerador antes de que los factores negativos desgasten aún más al gobierno.
2. La influencia de las elecciones argentinas, donde una reelección de Mauricio Macri (hasta ahora la probabilidad más fuerte) tendría un efecto negativo para Evo. En esta alternativa, se buscaría efectuar los comicios bolivianos antes que los del vecino país.
3. La necesidad de trasvasar votantes por la frontera, como se sospecha que siempre lo hicieron el masismo y el kirchnerismo. Si las elecciones son simultáneas, no puede aplicarse este sistema de “ayuda mutua” electoral.
   Evo Morales nuevamente pone en evidencia la dependencia del Tribunal Supremo Electoral con su gobierno. Órgano al que ahora llega a darle instrucciones para cambiar la fecha de la votación nacional a su conveniencia.
   Pero es también una señal de la debilidad electoral del MAS, que quiere adelantar los comicios ante el desgaste que está sufriendo su gobierno (las encuestas muestran al caudillo cocalero estancado en su voto duro, con un tercio de las intenciones de sufragio).
   Otra razón que lleva a apurar el cronograma electoral es el temor del régimen populista a que cuando caiga Maduro se empiecen a conocer más detalles sobre negocios irregulares con Venezuela, lo que podría incluir a la consabida “Ruta del Alba”.
   En este marco, la estrategia de las fuerzas democráticas bolivianas debería enfocarse en lograr un mayor acompañamiento de la comunidad internacional al proceso electoral, sobre todo en el monitoreo al TSE, para evitar que Bolivia acabe de convertirse en una nueva Venezuela o Nicaragua, algo para lo que falta demasiado poco.
   Hablamos de gestionar presión de la OEA y UE para supervisar el registro de votantes en el exterior, preservar al cronograma electoral de manipulaciones presidenciales, respaldar al vocal disidente al que probablemente se busque hacer dimitir desde el oficialismo, sustituir a vocales parcializados con el MAS, vigilar la integridad del sistema informático y contar con misiones de observación permanentes en los últimos meses de la campaña.
   Y, claro, la bala de plata: acelerar la definición “per saltum” del sistema interamericano de derechos humanos, sobre el uso falaz del Pacto de San José de Costa Rica con el que se intenta blindar el reeleccionismo infinito de Evo Morales.