En uno de los casos, el concejal suplente reportó que gastó 7.000 bolivianos durante la campaña electoral para las elecciones subnacionales de 2015, en Vinto, pero pidió a la legisladora titular que le pague 22.000 “y así no reclamaría más”, contó la concejala Martha Choque. 

En tanto, el concejal Hugo Cáceres también pagó a su suplente la suma de 3.000 dólares (21.000 bolivianos). 

Los concejales Cáceres y Choque relataron, por separado, que toda esa transacción fue de conocimiento del presidente del MAS en Cochabamba, Grover García, además de la dirigencia nacional y seccional.

“Es más, ellos mismos han propiciado que se llegue a ese tipo de arreglos con los suplentes. Tras el acuerdo, hice llegar al MAS una carta haciendo saber el resultado de esa negociación”, dijo el concejal Hugo Cáceres.

Este medio intentó consultar este hecho con el presidente del MAS en Cochabamba, Grover García, pero no respondió a las llamadas ni contestó al mensaje enviado.

La alternancia plantea que los concejales titulares cesen de sus funciones tras dos años y medio de gestión para habilitar a los suplentes. En Vinto, no solo los suplentes empezaron a reclamar, sino también las comunidades a las que ellos representan.

Ya hace casi un año, en abril de 2018, las comunidades de la Central Campesina exigieron la renuncia de los concejales Elizabeth Ancalle, Hugo Cáceres, Martha Choque y Joaquín Vegamonte. Según denuncia de los aludidos, sufrieron presión y hasta violencia física. “Nos han pegado queriendo obligarnos a firmar nuestra salida, mi salud ha quedado afectada desde ese entonces. Tuvimos varios días de impedimento”.

Tras la golpiza, los concejales decidieron iniciar un proceso penal contra sus agresores.

El 20 de febrero de 2019, las comunidades retuvieron por tres días a los cuatro concejales exigiendo su dimisión. De acuerdo a su versión, los dirigentes les exigieron alternancia y el retiro de juicios.

LA TRANSACCIÓN Martha Choque contó cómo fue la transacción. 

“No le he impuesto nada. Él (su suplente) decía que no necesitaba el cargo y tampoco quería ejercer. Pero, después pidió un pago en vez de ocupar el curul. El dirigente del MAS Grover García se enteró del problema, nos convocó y sugirió que arreglemos de buena manera. Nos dio tres alternativas y una de ellas era que le paguemos a los suplentes para recompensar los gastos que hicieron. ‘Devuelvan los gastos, que no sea negocio y que los suplentes no cobren montos altos’, nos dijo”.

Relató que la transacción fue de 3.000 dólares y 1.000 bolivianos adicionales. “En total, le di 22 mil”. 

El esposo de Martha Choque, Warnes Ochoa, respaldó la versión. “Mi esposa arregló con su suplente lo que ha gastado. Soy testigo. Nos llamó a una reunión en la plaza Bolívar, se encontraron y ahí solucionaron el problema. Tiene documento”.

Choque, de 49 años, representante de juntas vecinales, aseguró que ella no se desmarcó del acuerdo con el MAS. 

Ahora el mismo suplente quiere alternar y dijo que sus organizaciones le reclamaron por la transacción interna que realizaron ambos. “Parece que también le presionan y hasta ofreció devolver el dinero”.

Choque recordó que el arreglo tuvo el aval incluso del dirigente de la nacional del MAS Gerardo García. “Llegó a Cochabamba a realizar una evaluación de la gestión. Nos dijo que le gustaría que nos mantuviéramos en el cargo. Nos felicitó y aseguró que Vinto estaba visto con buenos ojos por el presidente Evo Morales. Para que nos quedemos, sin dar paso a la alternancia, nos dio tres alternativas. Una de ellas fue llegar a acuerdos con los suplentes. También lo hizo Grover García, en un ampliado. Y resulta que al finalizar el año 2018, cambian de parecer. Nosotros ya habíamos arreglado el 24 de febrero de 2018”.



ANTE ABOGADO El concejal Hugo Cáceres también pagó a su suplente, una profesora de la zona.

Dijo estar decepcionado de la dirigencia del MAS porque no cumplió con los acuerdos.

“El año pasado, a convocatoria del MAS, hemos recibido una instructiva para que todos los titulares solucionemos (negociemos) con los suplentes para no tener problemas. Con ese mandato, en enero llego a un acuerdo con Llusti Estrada. Le devuelto los gastos que ha realizado en la campaña. Le pagué 3.000 dólares (21.000 bolivianos)”.

Cáceres dijo que la transacción fue legal y que incluso existe un documento firmado en la oficina del abogado Zapata, de la Heroínas esquina Lanza.

“Acompañando con una nota de atención, envié el documento al presidente del MAS en Cochabamba, Grover García. Ahora resulta que tras el arreglo, ahora piden nuevamente la alternancia”.

4 Concejales

Los concejales por el MAS Elizabeth Ancalle, Hugo Cáceres, Martha Choque y Joaquín Vegamonte son presionados para renunciar a sus cargos en el municipio de Vinto. 

Denuncian intereses de centrales campesinas

 El concejal Hugo Cáceres denunció que existen intereses poderosos de las centrales campesinas de Vinto. “Quieren mandarse la parte. Nos amenazan con mandarnos a la cárcel”.

De acuerdo a su versión, están exigiendo que los suplentes devuelvan o les entreguen el dinero que los titulares les dieron.

“Se reunieron en una Asamblea y ahí decidieron que nos sacarán a toda costa. Desconocieron nuestras normas y ya no respetan las leyes”, dijo. 

Desde el 20 de febrero, los concejales titulares no pudieron volver al Concejo Municipal. Ayer hubo una convocatoria para sesionar, pero no permitieron el ingreso de los titulares. “Pedimos resguardo policial, pero no conseguimos nada”.

Un cabildo desarrollado en la Plaza Principal de Vinto reemplazó a los titulares por los suplentes. 

Cáceres advirtió, sin embargo, que las acciones de los suplentes no tienen valor “porque somos nosotros los elegidos legalmente”. 

Aseguró que quieren asumir sus funciones, pero carecen de toda garantía para presentarse en las sesiones.

En tanto, el abogado Juan Carlos Terán anunció que interpuso ante el Ministerio Público una demanda contra la Policía y comunidades campesinas por la retención de los cuatro concejales el pasado 20 de febrero.

“Hubo delito de restricción de libertad de locomoción, acoso político, actos extorsivos contra estas personas, coacción, intimidación, amenazas”, mencionó.

Se quejó porque durante los días del conflicto y la retención de los concejales, la Policía no ha actividad ningún operativo. “La denuncia es por acción por omisión”.

Juan Carlos Terán dijo que la figura de alternancia es un mecanismo extralegal. “Es una cooptación institucional, sin respaldo, solo con el propósito de ocupar espacios de poder por la fuerza”.