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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: miércoles 06 de marzo de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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La carta en su parte principal señala: “En fecha 25 de febrero de 2019, la página oficial de la Embajada de Bolivia en España realizó una publicación sobre la Plataforma de Apoyo a Bolivia, que dice reunir en Barcelona voces llegadas de Francia, Alemania, Rusia, Italia, España y Bélgica para ensalzar los logros del Proceso de Cambio”.
Según la explicación que hubiera recibido de la entidad diplomática, la embajada dio su página web para tal invitación, sin embargo, niega cualquier iniciativa al respecto. Según la denuncia, en las fotografías exhibidas para la convocatoria se muestran banderas del partido oficialista MAS-IPSP, tanto en las marchas en las calles como en sala, donde algunas autoridades españolas se hicieron presentes, precisó la nota.
También advirtieron la presencia de los funcionarios públicos de la embajada y consulados en España, por lo que los alcances de la supuesta “Plataforma de Apoyo a Bolivia” no son creíbles para los denunciantes, suscribe la denuncia.
La Ley N° 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada por el presidente en ejercicio, en su momento Álvaro García Linera, en su artículo 46, inciso segundo, sobre prohibiciones señala:
“Las servidoras y los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores quedan expresamente prohibidos de utilizar los bienes inmuebles, muebles u otros recursos públicos en objetivos partidarios, particulares o de cualquier otra naturaleza que no sea compatible con la específica actividad funcionaria”, expresa dicha norma.
En ese marco, los activistas del 21F en el viejo continente señalan que “el cuerpo diplomático de Europa, encabezado por la embajada boliviana en España, apoya y difunde actos partidarios del MAS-IPSP haciendo uso indebido del nombre, imagen e identidad bolivianas”.
Son muchas denuncias de las cuales destaca que el rol del representante diplomático causa división entre los bolivianos, entre quienes están en la línea oficialista y los que no, calificándolos de “opositores” y supuestamente los “borran del padrón electoral” negándoles su derecho de inscripción al mismo en varias ciudades de España.