Las falencias que afectan los sistemas de salud son cada vez más evidentes. Tras casi 14 años de espera, la propaganda ha crecido, se aprobó una Constitución en la que el derecho a la salud está escrito en varios de sus artículos, pero las falencias lejos de corregirse se han agravado, todas. Las carencias de financiamiento y, de recursos humanos, la segmentación, fragmentación e ineficiencia se han hecho crónicas.

 Financiamiento. El meticuloso estudio realizado por el licenciado Aponte muestra que Bolivia es uno de los países que menos invierte en salud. Como porcentaje del PIB, Bolivia gasta en salud el 6,1%. 25% menos que el promedio latinoamericano, que es de 8,0 %. Esta dramática insuficiencia se convertirá en tragedia, conforme demanden sus derechos los actualmente excluidos,

 Recursos humanos. Bolivia tiene una real carencia de médicos especialistas. Se anuncia la creación de 800 items sin precisar fuente de financiamiento, por lo cual queda la duda legítima de que sea solamente una oferta electoral. Por otra parte,  sólo los municipios de La Paz y el Alto piden 2417 nuevos ítems (Página siete 26-02, pág. 26). Cada departamento tiene demandas similares siempre insatisfechas.

 La segmentación consiste en que sectores de población reciben atención diferente de otros, inequitativamente.  En Bolivia unos gozan del seguro laboral y otros no. Los asegurados se vuelven a segmentar. Teóricamente todos se financian por igual con el 10% de sus salarios, pero el promedio salarial de los asegurados en la Caja Nacional es muy inferior al de los bancarios o universitarios, por lo cual la atención de los primeros es más deficiente que la de los últimos.

Los beneficiarios del ex SUMI, de innegable valor social, y del SSPAM tenían su propio seguro no laboral, bien financiado, hasta que el Gobierno abrogó sus respectivas leyes para crear una “atención integral” demagógica que incorporó a los discapacitados a una “atención médica gratuita” (Ley 475) por simple decisión política no respaldada por cálculo matemático y sin erogar un centavo. Esa misma ley, recién modificada, da inicio al SUS, que cualquier día estatizará los recursos de las cajas.

 La segmentación que los populistas atribuyen a la mercantilización de los sistemas neoliberales, perfeccionada por los neosocialistas, amenaza con ser más grave, injusta y destructora de los avances logrados bajo la apariencia de la gratuidad de servicios desarticulados, mal equipados y cada vez más alejados del derecho a la salud de la población y del deber del Estado de garantizarla. 

 La fragmentación alude a la falta de continuidad y complementariedad de los servicios del sistema. Un paciente que acude a un consultorio de primer nivel por dolor de cabeza puede ser tratado por una gripe o despertar la sospecha de una afección endocraneana. En este último caso recibe un pase para el especialista. Si el sistema no está fragmentado, la referencia es inmediata y pasa al especialista con la colaboración del médico de primer nivel. Si está fragmentado, como los servicios actuales, deambula con su pase sellado y firmado, y si tiene suerte llega a será atendido meses después y desconectado de su primer nivel de consulta que ignora su suerte, y destino.

 La ineficiencia, corolario natural de lo expuesto, explica que después de derrochar los 60 mil millones de dólares que ingresaron al TGN en los últimos 12 años por el aumento del precio de las materias primas, los indicadores de salud se mantengan en los últimos lugares del continente.

 Sin modificar ninguna de estas falencias y por los antecedentes expuestos, no podemos esperar nada del SUS, que hasta el momento no es sistema, ni seguro, sino una sigla inundada de demagogia electoral, sin contenido médico alguno.