El Decreto Supremo 2366  apunta a establecer medidas para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos en todo el territorio y la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas, como también se busca la gestión integral de los sistemas de vida.

Según el Ministerio de Hidrocarburos, la afectación con actividades de exploración petrolera  en las siete de las 22 zonas de reserva  sólo llegará al 0,04% del  territorio. 

Esta semana los comunarios de Chiquiacá Norte se declararon en emergencia por la presencia de la  Policía   junto a Petrobras Bolivia, que inició trabajos previos a la perforación de los pozos exploratorios Domo Oso X1 y X2, del área San Telmo Norte, ubicada entre las provincias O’Connor y Arce de Gran Chaco, Tarija, que ocupa una parte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.

En mayo de 2018, el presidente Evo Morales promulgó dos leyes que aprueban los contratos de San Telmo y Astillero para la operación  de  Petrobras e YPFB Chaco, ambos en Tariquía. La petrolera brasileña hizo un estudio en el área San Telmo Norte.

Otro de los contratos suscritos es con  Total E&P Bolivie, que se adjudicó el bloque Azero, ubicado entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. El yacimiento ocupa gran parte del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Iñao. En enero pasado, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, anunció la perforación del primer pozo exploratorio  este año.

También está la firma con la empresa china Eastern Petroleoum and Gas, para explorar  la zona de Sanandita, que está dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PNAMI) Aguaragüe.

En el Parque Nacional Madidi, en el norte de La Paz, se planea la  intervención de  Petroandina, Repsol y Petrobras Bolivia.

Otra área  que está en la mira es la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón-Lajas, que ocupa la región suroeste del departamento del Beni y La Paz.

Con la empresa BG Bolivia se suscribió el contrato para la exploración y explotación del área Huacareta, ubicada entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija, que también ocupa parte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

La mayoría de estos acuerdos están por ejecutarse.

En 2017, el ministro Sánchez dijo que  Tarija tiene un  potencial de 13,13 trillones de pies cúbicos (TCF) en los prospectos Iñiguazu, Aguaragüe Centro, Astillero, San Telmo Norte, Huacareta, Caipipendi, Yuchán, La Vertiente, Villamontes y San Telmo Sur.

El experto Hugo del Granado  sostuvo que el decreto 2366 también da luz verde para desarrollar actividades de exploración  en el parque  Carrasco en Cochabamba, Amboró Espejos en Santa Cruz y donde el potencial hidrocarburífero que calcula el Gobierno  sólo es una estimación.  “Por ejemplo en San Telmo, Astillero y Sunchal se estiman reservas de 4,8 TCF, pero las estimaciones que hace el ministerio o YPFB siempre son exageradas. El trabajo exploratorio hasta ahora ha sido un fracaso, eso hace que el Gobierno recurra a todos los medios a su alcance para descubrir reservas y elevar la producción”, observó.

En criterio del analista, las operaciones en áreas protegidas es un problema  que se presenta  en todo el mundo, pero el cuidado ambiental  es resuelto con la tecnología  y personal de remediación apropiados.
 

Alcance del Decreto  Supremo 2366

• Tareas El artículo 2 del Decreto Supremo 2366 señala que el desarrollo de pozos exploratorios estará sujeto a un procedimiento independiente de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental, para identificar y ubicar los recursos hidrocarburíferos.
•  Éxito En el caso de que los resultados de exploración concluyan con un descubrimiento comercial para la fase de explotación, la operadora podrá solicitar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) la evaluación y revisión de los instrumentos de planificación u ordenamiento del área protegida, para su adecuación y/o actualización cuando corresponda, establece el Decreto Supremo 2366.
•  Recursos Las empresas petroleras que desarrollen trabajos hidrocarburíferos en áreas protegidas deberán destinar el 1% de la inversión prevista, recursos que servirán para desarrollar obras en la zona de impacto, que serán aprobados tras una evaluación.
•  Riesgo     Para el Gobierno el impacto en las áreas por la exploración será mínima.