Sospecho que es a la inversa. Lejos de promover una pedagogía democrática en sus organizaciones, su dirigencia se encargó de abonar orgánica, sistemática e impunemente el germen de la violencia en contra del adversario político. Su victimización, al evocar la violencia registrada en las jornadas de erradicación de la hoja excedentaria, ya no convence.

Lamentablemente, el trópico de Cochabamba escaló a la condición de territorio ocupado, sin otra ley que la de su dirigencia sindical, la cual sin sonrojarse otorga a sus determinaciones mayor jerarquía que los derechos constitucionales reconocidos en el país. ¿Separatismo de nuevo cuño? La intolerancia parece propagarse como un cáncer, en la geografía controlada por la burocracia sindical enquistada en la estructura de poder. Sobran razones para preocuparse. El amedrentamiento pasó del dicho al hecho y todo indica que recrudecerá durante este año electoral.

En las elecciones nacionales de 2014, Unidad Demócrata no presentó candidato uninominal en el Chapare. Los potenciales aspirantes tenían miedo a las represalias del MAS. En 2015, Límber Condo, concejal electo del municipio de Shinahota, junto a otros productores, de coca fueron expulsados a empellones por haber participado como candidato de un frente opositor. Ocurrió en el encuentro de las federaciones cocaleras siendo testigo del hecho el vicepresidente García Linera.

Fue la ocasión en la que se amenazó con despojar del cato de coca a los detractores del MAS y en la que Margarita Terán (cuyos familiares se involucraron en delitos de narcotráfico) fue designada como máxima dirigente de las campesinas del Trópico. Zona roja premiada el año 2017 con una ley que legalizaba miles de hectáreas de cultivos de coca que, según organismos internacionales, se destina en un 93% al circuito de la economía ilegal coca- cocaína. Sin controles y bajo el principio de la autorregulación, se decidió incorporar al mercado toneladas de coca y a regirse por la premisa más neoliberal de todas: "dejar hacer, dejar pasar”.

En agosto de 2018, la dirigencia del Chapare impidió el ingreso del Tribunal Internacional de los derechos de la Naturaleza, al Polígono Siete, avasallado hace mucho por colonos cultivadores de la hoja de coca. Es el reino y refugio de Evo Morales, símbolo de un proyecto político agotado, con el cual la gente ya no se identifica.

El narcotráfico estaría detrás de este cordón de protección de un sindicalismo antagónico al pluralismo democrático. Hace unos días, Naciones Unidas reportaba que Cochabamba es el epicentro de los laboratorios de purificación de cocaína. En 2018, 24 de 48 laboratorios de cristalización destruidos estaban en el departamento corazón de la patria. ¿Será que esa región, cada vez más castigada por la depredación acelerada de su suelo, es hoy el hoyo del queque, al ostentar poder político y económico impunemente? o ¿el agujero negro cuya contribución al denominado “proceso de cambio” desnuda su naturaleza autoritaria?

¿Podrá el Órgano Electoral defendernos? Su misión es garantizar igualdad de condiciones al ejercicio de derechos y en la competencia electoral, velar y promover una cultura democrática plural en los actores políticos y sociales que no la practican. ¿Qué decisiones adoptó el Tribunal Supremo Electoral y sus filiales para sancionar, revertir o al menos amonestar esta reiterada inconducta? ¿Qué acciones asumirá contra este modelo sindical, remedo del gestado por el régimen fascista italiano? De no hacerlo, temo que será una raya más al tigre, ya que este órgano del Estado naufraga en el mar de la desconfianza y el sentimiento de indefensión ciudadana.