Con similar tono, la máxima dirigencia sindical campesina y de las  autodenominadas comunidades interculturales (excolonizadores) ratificaron este extremo. Insólito que portavoces empoderados en el país argumenten que no podrían controlar la reacción de sus bases, personalizando su amenaza  en la figura de Carlos Mesa. 

Sospecho que es a la inversa. Lejos de promover una pedagogía democrática en sus organizaciones, su dirigencia se encargó de abonar orgánica,  sistemática e impunemente el germen de la violencia en contra del adversario político. Su victimización, al evocar las heridas provocadas en las jornadas de erradicación forzosa de la hoja excedentaria, ya no convence. 

Lamentablemente, el trópico de Cochabamba escaló a la condición de territorio ocupado sin otra ley que la de sus sindicatos, cuyas  determinaciones se consideran de mayor jerarquía que los derechos constitucionales reconocidos en el país. ¿Separatismo de nuevo cuño? La intolerancia parece propagarse como un cáncer en la geografía controlada por la burocracia sindical enquistada en la estructura de poder. 

Sobran razones para preocuparse. El amedrentamiento pasó del dicho al hecho y todo indica recrudecerá durante este año electoral. 

En las elecciones nacionales de 2014, Unidad Demócrata no presentó candidato uninominal en el Chapare. Los potenciales aspirantes tenían miedo a las represalias del MAS. El 2015 Límber Condo, concejal electo  del municipio de Shinahota, junto a otros productores de coca,  fueron expulsados a empellones por haber participado como candidato de un frente opositor. Ocurrió en el encuentro de las federaciones cocaleras, siendo testigo del hecho  el Vicepresidente García Linera. 

Fue la ocasión en la que  se amenazó con despojar del cato de coca a los detractores del MAS y que Margarita Terán (cuyos familiares se involucraron en delitos de narcotráfico) fue designada como máxima dirigente de las campesinas del trópico. Zona roja premiada el año 2017 con una polémica ley que legalizó miles de hectáreas de cultivos de coca que, según organismos internacionales, se destina en 93% al circuito de la economía ilegal coca-cocaína. 

Sin controles y bajo el principio de la autorregulación se decidió  incorporar al mercado toneladas de coca a regirse por la premisa más neoliberal de todas “dejar hacer, dejar pasar”. ¡Lógica neoliberal!

En  2018, la dirigencia del Chapare impidió el ingreso del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza al

Polígono 7,  avasallado hace mucho por colonos cultivadores de la hoja de coca. Es  el reino y refugio de Evo Morales, símbolo que desgasta a un proyecto político y razón por la que ya no enamora.

¿Estará el narcotráfico detrás de este cordón de protección que blinda a un sindicalismo antagónico al pluralismo democrático? Hace unos días, Naciones Unidas reportaba que Cochabamba es el epicentro de los laboratorios de purificación de cocaína. En 2018, 24 de 48 laboratorios de cristalización destruidos estaban en el departamento corazón de la patria. 

¿Será esa región, castigada por la depredación acelerada de su suelo, el hoyo del queque o el agujero negro que ostenta poder político y económico  impunemente desnudando la naturaleza autoritaria del “proceso de cambio”?

En este contexto, ¿podrá el Órgano Electoral defendernos? Su misión es garantizar igualdad de condiciones al ejercicio de derechos y en la competencia electoral; velar y promover una cultura democrática plural en los  actores políticos y sociales.

¿Qué decisiones adoptó el Tribunal Supremo Electoral y sus filiales  para sancionar,  revertir o  amonestar esta reiterada práctica intimidante? ¿Qué acciones asumirá contra este modelo sindical, remedo del fascismo corporativo italiano? De no hacerlo, temo será una raya más al tigre, de un órgano del Estado que lamentable y gradualmente naufraga en el mar de la desconfianza y el sentimiento de indefensión ciudadana.