La crisis de 2003 ha abierto un nuevo cauce de oportunidades para la emergencia política de los sectores sociales tradicionalmente excluidos, particularmente del movimiento indígena.

La voluntad mayoritaria del electorado logró instaurar una nueva élite en el poder y un aparato burocrático detrás del señuelo del empoderamiento indígena y el sustento discursivo de vertiente socialista, reavivando las viejas utopías revolucionarias que se creía sepultadas junto con el mal recuerdo de la Asamblea Popular y su accidentado paso por la alianza con la UDP.

Durante la Revolución Nacional, la nacionalización de las minas saldó cuentas con la oligarquía de aquella época; aquel recuerdo antihegemónico tuvo un efecto medianamente duradero. La nueva élite de poder surgida en la crisis de 2003 y las elecciones de 2005, una vez en el poder, pudo echar mano de un viejo recurso para saldar cuentas con los “neoliberales”, esta vez, en nombre de la revolución: el Estado, con el aditamento de la funcionalización de las formas comunitarias de producción, cuyo potencial sería la superación a formas superiores de producción, esquivando las trampas del capitalismo acorralado por sus crisis recurrentes que solo encuentran solución a costa de los sectores marginados, debido a su imposibilidad de competir en el mercado, lo que modernamente se podría denominar tributarios del mercado.

Razonar con estos supuestos parecía la diferenciación entre el discurso de la izquierda tradicional y el discurso del socialismo comunitario, en la medida que no se busca la desaparición de la economía campesina y comunitaria, sino la asociación del potencial campesino-comunitario con el Estado. De este modo la combinación del control del excedente con el monopolio interpretativo - ideológico- de la realidad y el decisional sobre políticas públicas en manos del partido de gobierno o de su élite, aunque sin la posibilidad real de participación de las organizaciones sociales, la ficción de una unidad corporativa gobierno-movimientos sociales, construida desde el Estado, como medio de legitimación, sin competencia de otras expresiones sociales y políticas como la burguesía nativa.

UN MORALISMO A MEDIAS

Un componente relevante de la Comisión es la calificación moral de los gestores públicos, al destacar las “aviesas” intenciones de los privatizadores y los capitalizadores para satisfacer determinados intereses de grupo a costa de las empresas públicas. Este parámetro antes y hoy goza de una alta legitimidad social porque satisface el interés de las expectativas populares.

La Comisión ha sobrepasado el límite de su mera intención moralista al señalar los componentes delictivos de la gestión de las privatizaciones y la capitalización de las empresas públicas; de modo que los resultados cualitativos y cuantitativos de los posibles daños ocasionados a la economía nacional, deberán llegar a las instancias jurisdiccionales correspondientes, donde realizarán las investigaciones necesarias hasta establecer responsabilidades y sancionar a sus autores, en caso de que corresponda hacerlo.

La radicalidad moral de la Comisión es una medida necesaria para juzgar a los funcionarios públicos, particularmente a aquellos de alto rango, pero no solo para aplicarles a los neoliberales, sino también para los funcionarios públicos de hoy, cuyo rango les permite tomar decisiones sobre las políticas económicas y sociales.

Si la Comisión ha asumido la investigación para transparentar los actos públicos de un periodo de nuestra historia, entonces la investigación está a medias, porque es inevitable proseguir con la tarea para establecer responsabilidades de los funcionarios públicos durante los años 2006 – 2019.

Juzgar por principio la moralidad de los privatizadores y capitalizadores obliga a proseguir las investigaciones necesarias no sólo de los neoliberales, sino también de los socialistas comunitarios, cuyos actos de corrupción van quedando en la penumbra de la impunidad. Es urgente terminar de cuantificar los daños ocasionados a la economía nacional y castigar a sus responsables.