“Estamos conformes con la decisión porque los riesgos de obstaculización persisten”, afirmó el abogado penalista de la Alcaldía, José Luis Solís.

Mérida se encuentra detenido en el penal de San Pedro de Sacaba desde el 8 de febrero, imputado por el Ministerio Público por la presunta comisión de dos delitos de uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El Viceministerio de Transparencia presentó la denuncia contra el alcalde suspendido, su esposa Jovanna Maldonado y un exfuncionario de su gestión Richard Ágreda. El proceso se originó por el presunto cobro de diezmos a empresas por la adjudicación de obras y la quema de documentos.

Por el caso, los jueces del Tribunal de Sentencia Nº 2 de Quillacollo dispusieron detención domiciliaria para Maldonado, quien en varias oportunidades gestionó la suspensión de audiencias por motivos de salud.

En tanto, Ágreda fue remitido al penal de San Pablo el 6 de febrero.

La situación legal de Mérida se complicó el 14 febrero con una segunda orden de detención preventiva por el caso despido injustificado de trabajadores.

El 15 de octubre de 2018, la jueza Sonia Zabala lo envió por primera vez a prisión por presunta falsificación de su libreta de servicio militar.