En sociedades altamente complejas como la boliviana (sin significar esta complejidad anulación del espíritu de la nacionalidad), la soberanía popular debe encontrar el camino de aplicación realista en la intervención efectiva de un conjunto de miembros que asisten, participan y deciden en conjunto. La historia, aun teniendo los ejemplos progresistas del parlamentarismo británico y la ciudadanía de la Revolución francesa, siempre ha sido ingrata con la democracia, y es que la toma de decisiones ha estado invariablemente subyugada a la lógica corporativista. Si en la Edad Media eran los clanes, las cortes y los prelados; si en los siglos XVIII y XIX fueron la burguesía y las logias, en el siglo XX fueron las federaciones y los sindicatos, que coparon la fuerza decisoria en una cámara inaccesible para aquella persona que aportaba a la edificación de su país pero desde una posición equidistante y poco visible. Esto es, en síntesis y si hablamos con Habermas, elitismo democrático.

Bajo tales circunstancias, la ampliación de la posibilidad de la toma de decisiones públicas para entes particulares y la descentralización de la publicidad política, se han ido haciendo con los años menesteres inaplazables, y aunque esto conduzca a una intensificación del pluralismo social y de necesidades, y por ende a una complicación social general, la necesidad se ha ido haciendo un imperativo.

Pero lo que debe la sociedad en su conjunto buscar ahora no es la eliminación o la supresión del corporativismo político, ni una lucha de poderes que quieren superponerse el uno al otro, sino un paralelismo de dimensiones que, a la vez, estén entrelazadas. Una convivencia de fuerzas de poder. El sindicato y la federación deberán seguir canalizando los intereses de ciertas clases sociales y el partido político clásico deberá seguir vivo en la arena del sistema político. Pero a esa lógica política de intereses, disputas y demandas, deberá añadirse el interés ciudadano particular, que no está encasillado en ninguna de esa clase de organizaciones. De lo que se trata es de apuntalar sistemas de organización política cuyos poderes o gobiernos respeten las demandas que no están representadas en las corporaciones. Un agricultor burgués, un minero no sindicalizado, un arquitecto no colegiado, un abogado no afiliado a ninguna institución, pues, también tienen demandas que el gobierno debe escuchar.

¿Pero cómo lograr este fin? El esfuerzo no debe partir tanto de los ciudadanos que pretendan ejercer la política, cuanto del gobierno que escuche a la ciudadanía. El ciudadano ya está, pues, en la capacidad de levantar su voz para hacerse escuchar. El reto está en que los gobiernos asuman una nueva psicología política que les permita tomar en cuenta a la ciudadanía en general como un actor político de demandas y propuestas que contribuyan a la edificación de una sociedad con mayores posibilidades de realización en todo sentido.

Y así, ¿qué función verdaderamente significativa tendrían los parlamentarios, al ser ya la ciudadanía portavoz de su misma voz? El parlamentarismo seguirá teniendo una importancia capital, así como la ha tenido a lo largo de la historia actuando al lado de las corporaciones. Es más, incluso adquirirá mayor jerarquía, ya que sus elementos deberán ser seleccionados de acuerdo con un criterio de méritos aún mayor, porque deberán ser aquéllos quienes hagan buenas leyes con base en las demandas del ciudadano. Entonces, la actividad parlamentaria se circunscribirá en la legislación.

Ésta es la única forma de canalizar y efectivizar las fuerzas que se están midiendo en el espectro político general de las sociedades políticas de nuestros días.