El presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, Henry Cabrera, dijo no conocer el caso sino a través de algún periódico digital, pero considera que las autoridades pertinentes deberían realizar investigaciones.

Cabrera, que es diputado representante del sector petrolero, anunció que realizará una investigación, en torno a la denuncia formulada por el opositor Luis Felipe Dorado, quien aseveró que el actual gerente de YPFB-Aviación Pablo Zubieta Arce, autorizó el 13 de febrero de 2015 la transferencia de Bs 143.448 al “proveedor Marcos Melgarejo Fernández” con la referencia “aportes empleados Borda”.

Melgarejo es el actual secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de YPFB-Aviación. El 15 de febrero organizó en Santa Cruz una asamblea en procura de su reelección para seguir con fuero sindical y evitar su despido de YPFB, por haber utilizado una movilidad estatal para transportarse a un motel en la ciudad de Santa Cruz en enero del año pasado.
Por ese hecho tiene en su contra un proceso penal por uso indebido de bienes del Estado pero que logró paralizar la acusación, objetando que YPFB-Aviación no es nacionalizada ni del Estado boliviano porque sigue siendo Sociedad Anónima, por tanto, empresa privada no sujeta a la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción. La denuncia de Dorado sostiene que los aportes para la campaña de Rolando Borda, es parte de una “corrupción sindical”.

Al respecto el diputado del MAS, Edgar Montaño dijo que “todo acto que vincula a funcionarios públicos, que se trate de corrupción, hay que investigar. En eso hemos sido claros en el MAS”, en declaraciones a la prensa en La Paz. El senador opositor y candidato presidencial Oscar Ortiz cree necesario pedir toda la información porque “es un hecho muy grave si una empresa pública hubiera hecho un aporte oficial, transfiriendo recursos a un candidato del Movimiento al Socialismo”.

Lamentó la contradicción en la que cae el mismo gobierno porque YPFB y una docena de empresas, supuestamente nacionalizadas, son públicas para manejar recursos del Estado, pero cuando les toca la fiscalización fácilmente se zafan argumentado que son privadas. No consideran que por efecto de la Ley de Empresas Publicas dichas unidades productivas sean propiedad de los bolivianos porque el 90% de las acciones está a nombre del Estado, indicó. “Hay una contradicción. Han nacionalizado empresas para que sigan funcionando como privadas. ¿Privadas de quién? ¿De los masistas? ¿De quienes nombran gerentes y directores?, preguntó Ortiz a tiempo de puntualizar que hay malos manejos en las empresas estatales y los problemas que surgen, es porque siguen funcionando como sociedades anónimas.