Ingenuos quienes se sorprenden, y cínicos los que justifican la arbitraria advertencia que hiciera el ejecutivo de los productores del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, a los candidatos opositores de no garantizar su seguridad si ingresan a esa región en la campaña electoral. Con similar tono, la máxima dirigencia sindical campesina y de las autodenominadas comunidades interculturales ratificaron este extremo. Insólito que la dirigencia social más empoderada del país argumente que no podría controlar la reacción de sus bases, personalizando su amenaza en la figura de Carlos Mesa.

Sospecho que es a la inversa. Lejos de promover una pedagogía democrática en sus organizaciones, su dirigencia se encargó de abonar orgánica, sistemática e impunemente el germen de la violencia en contra del adversario político. Su victimización, al evocar la violencia registrada en la erradicación de la hoja excedentaria, ya no convence. Lamentablemente, el trópico de Cochabamba escaló a la condición de territorio ocupado sin otra ley que la de su dirigencia sindical, la cual otorga a sus determinaciones mayor jerarquía que los derechos constitucionales reconocidos. ¿Separatismo de nuevo cuño? El amedrentamiento pasó del dicho al hecho.

En las elecciones nacionales de 2014, Unidad Demócrata no presentó candidato uninominal en Chapare. Los potenciales aspirantes tenían miedo a las represalias del MAS. En 2015, candidatos electos fueron expulsados a empellones por haber sido candidato de un frente opositor. Ocurrió en el encuentro de las federaciones cocaleras siendo testigo el vicepresidente García Linera.

En 2018, la dirigencia de Chapare impidió el ingreso del Tribunal Internacional de los derechos de la Naturaleza al polígono 7, avasallado hace mucho por colonos cultivadores de la hoja de coca. Hace unos días, la oficina de Naciones Unidas encargada del crimen y delitos de narcotráfico, reportaba que Cochabamba es el epicentro de los laboratorios de purificación de cocaína. ¿Será que esa región se convirtió en el agujero negro y bastión del ‘proceso de cambio’ sustentado en un sindicalismo antagónico al pluralismo democrático?

¿Podrá el Órgano Electoral defendernos? Su misión es garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos y la igualdad en la competencia electoral. ¿Qué decisiones y medidas preventivas adoptó o adoptará para sancionar o revertir esta reiterada inconducta? De no hacerlo, temo que será una raya más al tigre, ya que este órgano del Estado naufraga en el mar de la desconfianza y el sentimiento de indefensión ciudadana.