El INRA anunció que hoy  ingresará  al lugar para continuar el trabajo de campo,  mientras los indígenas que emprendieron una caminata hacia La Paz anticiparon que sus familias resistirán el ingreso de los funcionarios.

 “Somos un gobierno de diálogo, estamos agotando el diálogo, no son necesarias las marchas  ni la toma de instituciones. A partir de hoy vamos a cumplir la normativa de ingreso a campo”, informó ayer el director nacional del INRA, Juan Carlos León.

El funcionario dio a conocer la determinación luego de sostener una reunión con una fracción de los originarios de Quila Quila que exigen el reinicio del  saneamientos individual.

Otro grupo de  originarios que iniciaron una marcha el 6 de febrero exigen que el INRA abandone los trabajos de medición y     respete los derechos territoriales colectivos ancestrales de la nación quechua qhara qhara.

  Ayer   60 originarios, que piden la celeridad de los trámites para el saneamiento individual, llegaron   a la sede de Gobierno para “tomar” el INRA y para exigir “se cumpla la sentencia constitucional emitida en marzo de 2018 , en la que se instruye al INRA ingrese a la zona para realizar los saneamientos de tierras”.

 “Lo que pedimos es que se cumpla esa sentencia y que se hagan  de una vez los saneamientos individuales”, sostuvo el  dirigente  Claudio Zárate.

El director del INRA informó que se solicitó el apoyo de la Policía para ingresar a la zona. 

“Existe una cantidad de habitantes correspondiente al 90% de la totalidad de la población que está exigiendo el saneamiento individual y otro 10% que exige saneamiento como Tierra Comunitaria de Origen (TCO)”, señaló.

 León dijo  que hoy ingresarán a la zona  16 brigadas conformadas por personal técnico y jurídico a partir de las 10:00 y, según dijo,  la primera etapa durará 17 días.

 “No son necesarias las marchas ni la toma de instituciones. Hemos agotado los espacios de diálogo, existe la predisposición de continuar hablando; nadie  afectará los derechos de las personas. Si alguien cree que se le van a vulnerar sus derechos, hay otros mecanismos para hacer denuncias como el Tribunal Agroambiental o Tribunal Constitucional, para que ellos acudan por estas vías”, afirmó León.

Indicó que la sentencia constitucional indica que todos tienen derecho al saneamiento de tierras. Los que están de acuerdo con la TCO “se los medirá como TCO” y los que están de acuerdo con lo individual también “se los hará como individual”.

Ante la determinación del INRA de retomar los trabajos de medición, el líder  de los qhara qharas que   encabeza la caminata, Samuel Flores, anunció que “desde la zona nos informaron que no permitirán el ingreso del INRA ni de la Policía, y que cualquier hecho correrá bajo la responsabilidad del Gobierno”.

 El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, deslegitimó   la marcha el lunes y calificó la  movilización de “política” y “caprichosa”. “Lo que está pasando en la marka Quila quila es imponerse caprichos. Lo que están haciendo es marchar sin haber convencido a la mayoría del saneamiento de TCO”, dijo.

  Hay tres modalidades de saneamiento

El proceso de saneamiento reconoce tres modalidades, según la Ley 1715 y Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.

La primera se denomina el saneamiento simple que “es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte en áreas no catastrales o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos en propiedades agrarias, parques nacionales, reservas fiscales, de la biodiversidad y otras áreas clasificadas por norma legal”.

 La segunda se denomina el “Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN),  se ejecuta de oficio en áreas catastrales. Se entiende por catastro legal  el sistema público de registro de información en el que se hacen constar datos relativos a la propiedad agraria y derechos que sobre ella recaen (...)”.

La tercera se llama  “el saneamiento en Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) que se ejecuta de oficio o a pedido de parte  en las áreas comprendidas en las tierras comunitarias de origen. Se garantiza la participación de las comunidades y pueblos indígenas y originarios (...)”, según la norma.