Esta determinación fue hecha pública tras la reunión nacional de comités cívicos de Bolivia desarrollada ayer en Santa Cruz.

"Llevar adelante la recolección de 500.000 firmas necesarias para acudir a los países garantes de la Constitución, para que exijan a la CIDH la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José)", se lee en el artículo décimo de la resolución de evaluación sobre las movilizaciones del 21 de febrero realizada por los cívicos.

Cuatro días después de las manifestaciones en defensa de los resultados del referéndum del 21F de 2016, en el que perdió el partido de gobierno MAS pero habilitó a Morales con un cuestionado fallo del Tribunal Constitucional, los cívicos del país reunidos en la capital cruceña, realizaron una evaluación de las movilizaciones.

Pese al comentario del Presidente Evo Morales y legisladores oficialistas, de que el 21F está enterrado, los cívicos ratificaron la voluntad y el compromiso de continuar con la construcción de la unidad política hasta la recuperación de la democracia plena, "haciendo respetar el resultado del referéndum del 21F de 2016 y la voluntad del pueblo boliviano".

También revalidaron el "compromiso inclaudicable" de defender y hacer respetar el mandato del 21F en las urnas expresado por el soberano en 2016.

Por considerarlos árbitros parcializados, los cívicos exigen la renuncia inmediata de todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por "atentar contra la Constitución Política del Estado y no respetar la voluntad expresada por el pueblo boliviano el 21F".

Así también exigen la elaboración de un nuevo padrón Electoral que asegure al pueblo boliviano elecciones transparentes e independientes. Los cívicos y la oposición en general temen la manipulación del padrón electoral por parte del TSE.

Los cívicos rechazan la pretensión del Gobierno central de prorrogarse y perpetuarse en el poder intentando modificar el calendario electoral con el adelantamiento o postergación de las elecciones generales en nuestro país, "utilizando artimañas nefastas para la democracia". Los oficialistas argumentan un posible cambio de fecha sobre la ya establecida el 27 de octubre porque ese día también se realizarán las elecciones en Argentina.

Piden y autorizan al colegio de abogados de Chuquisaca "la realización de acciones legales constitucionales" en defensa de la democracia y la voluntad del soberano expresada el 21F, las mismas que no excluyen que otros colegios o instituciones realicen estas acciones.

Ratifican la comisión conformada en el Gran Acuerdo por la Democracia y el Estado de Derecho el 17 de enero de 2019, que tiene el objetivo de realizar el seguimiento a las acciones asumidas ante los organismos internacionales.

También reconocen al presidente transitorio de Venezuela Juan Gerardo Guaidó y apoyan "la valiente lucha del pueblo venezolano"; además repudian las "acciones inhumanas" de Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, por no permitir el ingreso de ayuda humanitaria internacional a ese país.

Los cívicos convocan a una segunda reunión nacional de coordinación a todos los binomios habilitados para las elecciones generales, con la finalidad de concretar el bloque de unidad, a llevarse a cabo en la ciudad de Cochabamba con fecha a definir.