A pesar de ello, las políticas públicas (policy making) no fueron estudiadas desde las universidades bolivianas, más que como una rareza o con un empeño particular de uno que otro profesor que intentaba conciliar el análisis de la realidad con la necesidad de establecer respuestas claras y adecuadas a la coyuntura. Del mismo modo, los funcionarios de la Bolivia Republicana no hacían más que aplicar lo ordenado en un despacho cualquiera, sin cuestionar siquiera las razones detrás de las decisiones.

La emergencia del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario denominado por Decreto Supremo N° 048 como Estado Plurinacional, trajo consigo la necesidad de interpretar la voluntad de mayorías tradicionalmente excluidas de las decisiones gubernamentales, superando así las políticas tecnocráticas que caracterizaron la vida republicana boliviana del siglo XX e inicios del XXI. Sin embargo, las medidas de carácter social surgidas de necesidades válidas, sirvieron de justificativo para esgrimir un andamiaje normativo extensivo que traza un horizonte regulativo de buenas intenciones, pero no de hechos.

Tomemos por ejemplo, el problema social de la deserción escolar, que tiene causas fácticas relativas a la inseguridad económica en la que las familias bolivianas viven, lo que provoca la insuficiencia de recursos económicos para que una familia sea autosostenible, sumado al hecho de la deficiente educación financiera que posee la población boliviana, produce niños y niñas que intentan ingresar al incipiente mercado laboral. Esta razón, entre otras, resulta ser estructural y no requiere paliativos discursivos, no obstante, ¿Qué se hizo para erradicar este problema público? La respuesta es Bono Juancito Pinto; cuya raíz es generar una clientela cautiva a una obligación: asistir a la escuela para recibir a fin de año un subsidio no significativo para lo que representa el trajín de procurar aprender en tiempos complejos.

Obviamente, la estrategia de permanente propaganda instrumentaliza el efecto de este bono, convirtiéndolo en un ícono de gestión gubernamental; alegando entre otras ideas a la mentada nacionalización, la abundante riqueza natural del país y sobre todo a la sabia administración de esta para repartir el excedente económico entre los más necesitados. Al no tener una agenda, diseño, planificación, ejecución y sobre todo evaluación de este tipo de políticas públicas, lo que se logra no es una transformación social efectiva, sino una dependencia poblacional hacia el gobierno, que se confunde irremediablemente con el Estado.

Existe un símil en cuanto al otro ámbito social descuidado como problema estructural de Bolivia: la salud. Al respecto, cabe señalar que existen esfuerzos locales para atender este tipo de requerimientos, verbigracia, la Ley Autonómica Municipal N° 308 del municipio de Santa Cruz de la Sierra, que se añade al anecdotario debido a que previamente se promulgó una norma (224/2016), cuyo objeto y contenido estaban lejos de una correcta técnica legislativa, además de un deficiente desarrollo competencial en el plano autonómico. Lo que se intentó, empero, fue incluir a la población vulnerable de la ciudad cruceña dentro de un seguro gratuito, tarea que se asumía al amparo del evidente descuido por parte del Nivel Central del Estado hacia una de las áreas frágiles de nuestra institucionalidad.

Ya con la constancia del poco empeño gubernamental en el ámbito de salud, se propuso, con un tinte netamente electoralista, plantear por ley, el Seguro Universal del Salud como la herramienta normativa que logre atender a la frágil población que no accede a nuestros magros seguros de salud, sin embargo, al igual que con el problema de la deserción escolar, la salud no fue entendida como un problema estructural que contiene más variables que hospitales de tercer nivel en el país; entre ellos está por ejemplo, el tema del insostenible presupuesto a mediano y largo plazo, la cultura de la salud en la población, la institucionalidad y formación del personal efectivo, que no significa incremento de burocracia, ni convertir en un sindicato todopoderoso al área de los profesionales de la salud.

Existe en suma, una vertical forma de encarar la problemática social en Bolivia, no hay un desarrollo y gestión de políticas públicas, no se las estudia ni se las implementa con el rigor analítico necesario y lo que si se hace es improvisar al calor de un programa electoral permanente, defendido como la única opción de un cambio que no llegó más que en la terminología y el sistema normativo, porque la educación y la salud siguen estando fuera del radar de la construcción responsable de indicadores, que impliquen un trabajo coordinado con todos los sistemas de gobierno, a propósito de la autonomía que se dice estar implementando. No es hora de volver a la tecnocracia y tomar decisiones desde sendos escritorios, pero tampoco es permisible creer que con leyes se solucionará la evidente carencia de nuestro Estado y su ciudadanía.

Debe existir un responsable empeño en depurar las planteadas soluciones asistencialistas que se esgrimen como gestión de gobierno, ya que le hacen daño a la economía nacional y a la comprensión poblacional de lo que significa desarrollo a partir de un adecuado ciclo de políticas públicas. Por ello, debemos exigir realidades, no solamente discursos legalistas.