Este año se escucharán muchas promesas, algunas ya están en circulación, otras serán el resultado de contrarrestar posiciones sociales y avanzar con buenos propósitos en la corriente de aguas tranquilas y limpias, mientras que no faltarán las otras que exagerando condiciones reales, buscarán confundir a la opinión pública, con un despliegue de medios y recursos que no siempre están en los márgenes de equidad e igualdad de derechos en el uso de los mismos pues el Estado no abre tales posibilidades de forma irrestricta a sectores que en la lógica electoralista son adversarios.

Lo cierto es que el soberano, como se identifica al pueblo, espera conductas y acciones de los políticos en un marco de dignidad, de respeto mutuo, pero al mismo tiempo del uso correcto de las condiciones que sean viables para todos, en las mismas condiciones e iguales restricciones, lo que facilitaría campañas más justas y la libertad ciudadana de elegir, sin presiones, al candidato que realmente tenga las mejores condiciones de hacer factible un programa político que beneficie al pueblo y que no sea parte de acciones que desangren las arcas y la economía del Estado, con demostraciones atrabiliarias que afecten la seguridad y la seriedad del Estado.

Los bolivianos estamos en un proceso, incipiente aún, de orden eleccionario, pero al mismo tiempo de obligada preocupación sobre las condiciones reinantes y las que se presentarán en adelante, en la medida que pase uno y otro mes y que ese periodo sea de confrontaciones en lugar de mejorar las condiciones de acercamiento real y efectivo a un electorado que está cansado de enfrentamientos, discordias, enrostramientos y la denigración del oponente, pero utilizando armas innobles, con el mal uso de algunos poderes del Estado, que dicho sea de paso vulneran los derechos de los candidatos que carecen de vínculos en el aparato estatal.

El periodo que vivimos en la actualidad, irreversible hacia los objetivos trazados de una próxima elección presidencialista, sabiéndose de la participación de una decena de candidatos incluyendo opositores y un frente oficialista, se espera que tenga un desarrollo de oportunidades afines para todos, bajo una práctica de verdadera democracia en la que la norma no sea la incriminación, la falsa denuncia o la mentira agresiva, si en tales circunstancias no hay pruebas fehacientes que puedan ser demostradas para inculpar a personas. La campaña política no debe ser escenario para denigrar al oponente, para dañar su dignidad o la de su familia, para calumniar al rival político.

Lo ideal será una campaña de respeto, de idoneidad política, de exposición de valores ideológicos, de programas de desarrollo, de opciones válidas para cumplir las promesas que se hagan. Lo importante es que los candidatos asuman la responsabilidad de cumplimiento de sus promesas, un aspecto que implica moralidad, pero al mismo tiempo responsabilidad y honestidad.