El Salón Rojo, en la Cámara de Diputados, fue el ambiente que utilizó la legisladora, quien estuvo acompañada de sus colegas Valeria Silva y Sonia Brito, para explicar a los periodistas los alcances de las recientes declaraciones que hicieron las dos autoridades ediles sobre la relación que Siñani tiene con la empresa Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios (Tersa), con la que trabaja su esposa, Maricruz Medrano Strelli.

“En las últimas horas se dieron algunos hechos para desorientar a la opinión pública con mentiras”, sostuvo Yañíquez, quien el 18 de febrero hizo la revelación, que causó un remezón en el municipio paceño y en la alianza que SOL.bo firmó con el expresidente Carlos de Mesa.

“En la medida que avanza la investigación, evidenciamos que Medrano no solo era una simple abogada, sino que tenía la representación legal correspondiente que la acreditaba para realizar trámites de distinta índole en varios lugares, incluido el Gobierno Municipal de La Paz”, sostuvo.

LAS CINCO MENTIRAS

Yañíquez recordó que luego de que el 18 de febrero denunció la “relación turbia” entre la Alcaldía y la empresa Tersa, el concejal Siñani declaró que su esposa es abogada de la compañía y que “atiende casos de índole laboral”.

Sin embargo, a través del poder 1151/2015, el máximo accionista de Tersa, Edwin Santos Saavedra Toledo, le confiere a Medrano Strelli facultades administrativas para “realizar todos los actos jurídicos concernientes al cumplimiento del objeto social de la sociedad y de sus negocios e intereses dentro de las políticas trazadas por la empresa...”.

Además, con el poder 406/2013 se delegó a Medrano Strelli para que realice trámites en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), gobiernos departamentales y/o municipales.

Una segunda mentira identificada por Yañíquez se encuentra en la declaración que realizó el concejal el 18 de febrero de 2019. En esa ocasión, Siñani dijo que “la Alcaldía actuó de manera inmediata en el deslizamiento de una celda de Alpacoma (15 de enero) y se evitó un desastre ambiental”.

Para desvirtuar esa afirmación, la legisladora se basó en la declaración del alcalde Luis Revilla, quien indicó al periódico Página Siete (17/02/2019) que Tersa se tardó demasiado en elaborar un estudio sobre la rotura de una celda que ocurrió en 2017, en Alpacoma. “Si no se hubiera tardado (Tersa) dos años en hacerlo, otra habría sido la historia”.

Según Yañíquez, esa afirmación es una prueba de que se cometió “una irregularidad grave” porque la empresa tardó dos años en elaborar el informe.

La tercera mentira se refiera a la declaración que hizo el exdirector del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), Giovanni Gemio. El funcionario dijo al periódico Opinión, el 16 de julio de 2017, que el “relleno sanitario de La Paz (...) podría recibir basura hasta 2025”.

No obstante, el propio alcalde Revilla indicó que los funcionarios del Sistema de Regulación Municipal (Siremu) “no hicieron el seguimiento oportuno” a la rotura de una celda en 2017.

La cuarta falsedad —sostuvo la diputada— la difundió el alcalde Revilla cuando afirmó que “Maricruz Medrano (Strelli) no es representante legal”. “Con gusto Maricruz Medrano fue abogada externa en temas laborales de la empresa desde 2013 (2 años antes de que Fabián Siñani sea elegido concejal). En ningún caso es representante legal ni gerente de la empresa”, escribió Revilla en su cuenta de Twitter el 19 de febrero.

Sin embargo, en una nota del 11 de mayo de 2016, Medrano Strelli solicitó a la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz “el cambio de uso de suelo” en un predio de 47.710 metros cuadrados, ubicado entre las avenidas Los Leones y Libertador, para la construcción del proyecto World Trade Center-La Paz (WTC-LP).

Para realizar estos trámites, Medrano Strelli contaba con el poder notarial 1151/2015, otorgado por Edwin Santos Saavedra Toledo.
“Demostrado está que la señora Maricruz Medrano veía temas exclusivos ante el municipio (de La Paz), una mentira más demostrada con pruebas”, fundamentó.

También se refirió a la declaración que hizo el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos de Mesa, quien el 23 de febrero, según El Deber, “negó que existan fisuras” y dijo que la decisión de suspender a Fabián Siñani de la directiva de CC en La Paz fue “tomada por la dirección nacional” de la organización política.

No obstante, el concejal afirmó: “La decisión del expresidente fue precipitada porque no se me ha escuchado, no se me ha permitido explicar, demostrar documentalmente todas las acciones de fiscalización que he realizado”.

En tanto, el alcalde Revilla indicó que se continuará “conversando” con De Mesa. “Hemos conversado, no siempre tenemos los mismos puntos de vista y es un tema que lo seguiremos hablando”.

En la conferencia de prensa se le consultó a la diputada sobre las observaciones efectuadas por el Ministerio Público a la denuncia que ella presentó el 20 de febrero en contra de Siñani y Gemio por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia.

Yañíquez explicó que la observación “es de forma” y está relacionada con proporcionar mayor información sobre la implicancia de Gemio en el caso. “Debemos facilitar la mayor cantidad de antecedentes sobre el exdirector de Siremu”, manifestó.

Diputada Rivero pide investigar el contubernio

La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Susana Rivero (MAS-IPSP), pidió ayer que se investigue el contubernio que existe entre la empresa Tersa y la Alcaldía de La Paz.

“Es un tema altamente preocupante para la ciudad que debe investigarse, uno referido al relleno sanitario, otro del contubernio de los compañeros de colegio (Luis Revilla, Fabián Siñani y Giovanni Gemio) y encima esa relación rara con esa empresa (Tersa) a la que se le perdona todo y donde está la abogada (Maricruz Medrano Strelli) esposa del concejal Siñani”, manifestó.

Lo peor —dijo— es que se niegue la responsabilidad de los actores porque la abogada Medrano Strelli estaba acreditada para realizar todo tipo de trámites en el municipio, como temas coactivos, juicios e impuestos.

El domingo, en el programa Esta casa no es hotel, de la red ATB, el concejal Siñani aseguró que no existe prueba alguna de que su esposa sea representante legal de la empresa Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios (Tersa), porque no está inscrita como tal en Fundempresa.

Rivero identificó esa acción como una chicana jurídica para que la población no se dé cuenta de la crisis causada en el relleno sanitario que destapó una situación muy grave para la ciudad de La Paz.

La también diputada por el MAS-IPSP Valeria Silva dijo que en este caso existe en medio una amistad de tres persona (Luis Revilla, Fabián Siñani y Giovanni Gemio) de hace más de 40 años.

“Solo a través de esta relación se explica la benevolencia que ha tenido la Alcaldía de La Paz con la empresa Tersa, que —no es poca cosa— está representada legalmente por la esposa del concejal Siñani”, sostuvo.

Silva afirmó que la empresa encargada de la administración del relleno sanitario de Alpacoma tuvo acceso a información privilegiada de la Alcaldía, y por eso se evidenció el uso indebido de influencias.

De acuerdo con la legisladora, ese no sería el único caso, ya que también existe relación con el grupo Toyosa, para el cual se hicieron solicitudes ante el Gobierno Municipal de La Paz con relación a un proyecto.

Legisladores solicitarán informe a Revilla

La diputada del MAS-IPSP Sonia Brito indicó ayer que se trabaja en una petición de informe al alcalde del municipio de La Paz, Luis Revilla, para que explique lo ocurrido en el relleno sanitario de Alpacoma el 15 de enero y la relación “oscura” que hay entre el concejal Fabián Siñani y la empresa Tersa.

“Somos varias personas que estamos preocupadas, especialmente los diputados de La Paz, y sentimos lo que pasó el 15 de enero”, señaló.

La legisladora afirmó que el daño ambiental provocado el 15 de enero, por el deslizamiento de una de las celdas de almacenamiento del relleno sanitario de Alpacoma, “es grave y preocupa” porque hasta el momento no se pudo solucionar.

Dijo que no existe la garantía de que no vuelva a ocurrir un hecho similar en los siguientes meses.

Brito apuntó que este hecho debe ser investigado por el Ministerio Público.

Aclaró que la acción legal que interpuso la diputada Betty Yañíquez al Ministerio Público está relacionada con el trabajo irresponsable que encararon las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en Alpacoma.

“La diputada (Betty) Yañíquez presentó (la acción legal) a la instancia que tiene que hacer por ley la investigación (de ese caso). Nosotros de verdad no queremos que se contamine políticamente este tema”, enfatizó Brito.