Luego del pedido de la Cancillería ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que revise la fecha de las elecciones generales, que en primeria instancia fue fijada para el domingo 27 de octubre de este año; el vocal Antonio Costas aseguró ayer que “aún no es tiempo de hablar de fechas”.

“No es momento todavía para hablar exactamente de la fecha en la que se tiene que convocar a elecciones, porque esto va a estar condicionado, fundamentalmente, a los procesos administrativos de contratación que son los más complicados, dado que el Órgano Electoral no tiene decretos de excepción”, explicó Costas.

La inquietud oficialista surge porque ese mismo día (27 de octubre) se desarrollarán elecciones en Uruguay y Argentina. En consecuencia, los residentes bolivianos no podrán votar.

“La coincidencia de fechas de los comicios electorales impediría que los residentes bolivianos en estos países puedan ejercer su derecho a participar en el proceso electoral”, justificó la Cancillería ante el TSE, a través de un boletín de prensa.

Ante esta situación surgieron las primeras críticas de parte de los opositores que aseguran que “el pretendido cambio de fecha de elecciones puede responder a que se está maquinando un fraude, previa manipulación del TSE, por estar al servicio de los intereses del oficialismo”.

Entretanto, los cívicos que se reunieron ayer en Asamblea Nacional, por iniciativa del Comité Cívico Pro Santa Cruz, pidieron la renuncia de los vocales del TSE por considerar que “están al servicio del partido gobernante y que es necesaria la elaboración de un nuevo padrón electoral”.

“Queremos la dimisión de las autoridades del TSE por atentar contra la Constitución Política del Estado (CPE), por no respetar la voluntad del pueblo boliviano (en el referéndum del 21 de febrero del 2016) y no tener la credibilidad y confianza para seguir manejando las elecciones en nuestro país”, informó Fernando Cuéllar, cívico cruceño.