Para Evo Morales y su partido, el objetivo supremo consiste en conservar el poder a cualquier costo. El país, en cambio, necesita que en las próximas elecciones se establezcan las bases de un nuevo sistema de representación política, compuesto por un elenco de organizaciones que ofrezcan distintas opciones ideológicas y auténticas capacidades de asumir funciones estatales. A veces se olvida que los partidos políticos deben ser muchas más cosas que maquinarias electorales; deben cumplir en efecto con diversas funciones, entre las que destacan la formación política y moral de sus militantes, la agregación de demandas ciudadanas y la participación calificada en las deliberaciones públicas sobre los temas de la agenda nacional.

A tal efecto, se requiere, entre otras cosas, una verdadera ley de organizaciones políticas y un marco normativo que asegure la idoneidad arbitral del órgano electoral en todas sus competencias y facultades. El actual Tribunal Supremo Electoral está muy lejos de contar con dichos atributos, pero el verdadero problema es que no se ve por ninguna parte la posibilidad de que se genere una tal correlación de fuerzas políticas, que provoque la necesidad de un acuerdo nacional formalizado y transparente para cambiar el actual TSE, a fin de que se garantice su capacidad de administrar las próximas elecciones sin supeditación alguna al Órgano Ejecutivo.

La escasa probabilidad de que se logre un tal acuerdo mediante un diálogo político serio entre los actores estratégicos del país, estriba en las interpretaciones radicalmente diferentes que tienen el MAS, por una parte, y una mayoría significativa de la sociedad, por otra. El 21F está plenamente vigente y no puede ser desterrado unilateralmente a partir de interpretaciones autocomplacientes de los titulares del poder. Sin embargo, la oposición carece de fortalezas suficientes para traducir el sentir ciudadano en potencialidades políticas decisivas. Y tampoco existen instituciones capaces de montar un mecanismo de negociación que viabilice una salida pactada, aceptada por los actores estratégicos y legitimada ante la ciudadanía.

En consecuencia, como resultado de la correlación de fuerzas imperante, lo más probable es que continúe el despliegue asimétrico de campañas electorales, en condiciones de severa irregularidad institucional, y todo esto agravado por las circunstancias imperantes en varios países sudamericanos y, por supuesto, por el innegable deterioro de las condiciones económicas internas.

Está claro que el MAS ya no cuenta con las mismas fortalezas que tuvo en sus dos primeros periodos gubernamentales. Más allá de su inocultable desgaste político, es evidente su incapacidad de plantear una propuesta renovada para el país, además de que el ejercicio abusivo del poder, el clientelismo y la corrupción lo han alejado cada vez más de la sociedad boliviana.

Si bien tales circunstancias tendrían que traducirse en un cambio de gobierno, las cosas no son tan simples. Hace falta todavía una clara propuesta programática, un esquema de liderazgo colectivo y un estilo democrático de gobernar, así como una renovación completa de las prioridades de nuestra política exterior, capaz de asumir la auténtica defensa de nuestros intereses nacionales permanentes en el contexto de los riesgos e incertidumbres del escenario internacional.

Tales son algunos de los desafíos que debe enfrentar la oposición, puesto que necesita demostrar que cuenta con planteamientos claros para la conducción del país, en caso de que obtenga la mayoría de votos suficiente. Resulta, sin embargo, preocupante que no hubiera mostrado ya fortalezas suficientes para superar las condiciones asimétricas que le impone un adversario abrumadoramente superior en recursos económicos y comunicacionales.