Este criterio es también compartido por el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez y el ex fiscal del Estado, Pedro Gareca.

“Desde el 2014 desapareció la independencia de poderes que establece la Constitución Política del Estado en general, fundamentalmente de tres poderes que en la práctica no tienen independencia, ni en el Legislativo, menos del Judicial o el Electoral; hay una intromisión directa del Ejecutivo a todos los órganos del Estado, no lo digo yo sino la realidad boliviana”, aseguró.

Velásquez que asumió como magistrada del TCP en 2012, luego de la primera elección por voto directo, sostiene que la independencia de los magistrados radica en ellos mismos, desde el momento en que asumen el cargo conforme manda la Constitución, sin embargo, en la práctica no se evidencia eso, agregó.

Velásquez fue procesada en juicio de responsabilidades junto con sus colegas Gualberto Cusi y Soraida Chanez sólo por haber admitido una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley del Notariado que después fue resuelta por otros magistrados que después declararon constitucional dicha ley.

La abogada considera que con el proceso en el Legislativo de mayoría oficialista, fue obligada a renunciar en enero de 2015 después de que –en su opinión– el Órgano Ejecutivo siguió un proceso a la institucionalidad del TCP, más allá de las personas.

Esta opinión sobre la injerencia del Ejecutivo en los demás órganos del Estado es compartida por el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Arturo Yáñez y el ex fiscal General, Pedro Gareca quienes ven sumisión de estas instituciones al Ejecutivo.

Aunque en su momento, estos criterios fueron rechazados por las autoridades judiciales quienes consideran que no hay tal injerencia sino una coordinación de poderes para ejecutar proyectos.