La reconquista de la democracia fue posible por dos factores. La movilización popular a nivel interno, y la presión internacional de países democráticos, Estados Unidos en especial. Demócratas (Jimmy Carter) y republicanos (Ronald Reagan), siguiendo una política de Estado, condicionaron la cooperación americana a la apertura democrática. Era otro tiempo y Bolivia otro país.

Desde 1982 hasta 2003 alternaron varios gobiernos elegidos por el voto popular. No siempre el candidato ganador accedía a la presidencia, pero las negociaciones políticas respetaban las reglas de la Constitución Política del Estado que prohibía la reelección. En octubre de 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada sufre el primer golpe de estado civil dirigido por cocaleros, mineros y gente de El Alto agrupados, copiando una clásica terminología militar, en el “Estado Mayor del Pueblo”. Fue el inicio del deterioro de la democracia boliviana… y pocos lo advirtieron obnubilados por el triunfo del “pueblo”.

El 2005 Evo Morales, líder cocalero disfrazado de “indio”, gana las elecciones e inaugura un gobierno populista que cambia la CPE. La nueva Constitución norma la reelección presidencial sólo por una vez. El 2009 Morales vuelve a ganar las elecciones y llega al poder por segunda, y de acuerdo a la nueva ley, por última vez. En una primera reacción, el dirigente cocalero —nunca abandonó sus funciones sindicales—, anunció que no postularía a la presidencia el 2014. Pero, por el “pedido del pueblo” ¿recuerdan a los militares cocaineros?, cambia de opinión y bajo la argucia de que, aprobada la nueva Constitución, Bolivia se refund(i)ó de República a Estado Plurinacional, tercia en las elecciones del 2014 y accede a la presidencia por tercera vez violando su propia Constitución: “democracia inédita” (risas, no aplausos).

El 2016, ebrio de poder convoca a un referéndum (21F) para modificar la ley de leyes y ser candidato —¿proceso de cambio?— el 2019. Al igual que un imbécil dictador militar su argumento fue “el pueblo me lo pide”. Los bolivianos, ni tontos ni perversos, dijeron NO y Morales, reconociendo su derrota, prometió cumplir la voluntad popular. Peras al olmo. Su ambición pudo más que respetar las leyes. Con el pretexto de que “ganó la mentira” usó un atajo “legal” para apuñalar a la democracia. En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional, siguiendo instrucciones mazistas, e interpretando un obscuro artículo del Pacto de San José, dictamina que los resultados del referéndum y la CPE violan su “derecho humano” al impedirle una nueva postulación. Un tratado internacional, argumentaron esos “mazistrados” (Virginia Andrade, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Macario Lahor Cortez, Ruddy Flores y Osvaldo Valencia), era superior a la Constitución de Bolivia. Habilitaron de esa forma vergonzosa la cuarta e ilegal postulación del dúo de los nazis criollos con M de lo que el lector elija.

La ambición de Morales–García de aferrarse al poder puede generar un escenario de violencia impredecible. Y aunque estamos solos —la presión internacional funciona a cuentagotas— todavía hay tiempo para evitarlo. Los masistas de buena fe (no los mazistas) tienen la oportunidad histórica de contribuir a recuperar el estado de derecho tan anhelado por la ciudadanía. Desconocer a los impostores es una vía (MAS–1); y, si triunfa el miedo, queda la opción del voto secreto —no por la oposición— y sí en blanco o nulo en las próximas elecciones. Tal el mejor homenaje a los mártires por la democracia, a la Constitución y a la voluntad popular expresada el 21F, día de la democracia. Vale.

El autor es economista y filósofo