Hay dos grandes debates que han concitado la atención de la opinión pública en estos días: la firma de la adenda de venta de gas a la Argentina y la puesta en marcha del nuevo Seguro Universal de Salud (SUS). En los dos casos, llama la atención el contraste brutal entre las opiniones y argumentos que emiten los que las apoyan y sus circunstanciales detractores. Casi no hay términos medios, o son la solución perfecta a todo el problema o el más grande error que se podría cometer.

Los ciudadanos observan, obviamente confundidos, esas contradicciones que no les ayudan ni siquiera a hacerse una idea cabal de la naturaleza y dimensión de esos problemas, y, menos aún, a participar o tomar una posición medianamente informada. Al final, perdemos todos, la calidad de la democracia se resiente, pero, peor aún, vamos sembrando entre la gente la sensación que la política no resuelve nada y que los políticos no se preocupan de los problemas reales de las personas. De ahí hay un paso al rechazo intuitivo a todas las instituciones democráticas que puede pavimentar la ruta hacia el autoritarismo.

Parece, por ejemplo, excesivo que no se le encuentre ninguna virtud a la propuesta oficialista del SUS o que todas las ideas que proponen los gremios de profesionales en salud sean impracticables o puras tácticas de confrontación. De igual manera, en la cuestión del contrato gasífero con Argentina, todo se resume a si hay más o menos de volumen de venta sin entender el contexto actual en el que se mueve la industria y las exportaciones al país vecino.

En ambos casos, muchos opinadores parten de premisas absolutas, no se refieren a datos empíricos o informaciones verificables. Se proponen aumentos de impuestos, por ejemplo, para financiar el nuevo sistema de salud, sin evaluar su impacto en otros ámbitos, que seguramente será importante, o su viabilidad operativa en el corto plazo. Ciertamente, tampoco ayuda el poco esfuerzo que realiza el Gobierno para explicar sus propuestas de manera eficaz y sistemática.

En esta cacofonía, obviamente perdemos todos y se hace muy difícil construir colectivamente políticas públicas eficaces. Hay urgencia de repensar nuestra manera de tratar políticas públicas que son vitales para la vida de millones de bolivianos.