En un acto en la zona central del Chapare, su bastión político y sindical, Morales señaló que el único programa de gobierno que tiene la "derecha" boliviana "es la mentira".

"Y lamento mucho, ahora ya estamos en otros tiempos de lucha, una guerra digital, y hermanas y hermanos, tenemos que prepararnos también para una guerra digital (en las) redes sociales", afirmó.

Según el gobernante, los dirigentes de la zona le informaron que en los próximos días realizarán "un gran taller" para preparar a los cocaleros para que entren "a esta guerra digital, guerra en las redes sociales".

"Nuestro hermano vicepresidente de las seis federaciones, (y) la hermana Margarita (Terán) presidenta de la federación de mujeres del trópico de Cochabamba, me informan que en los próximos días va a haber un gran taller solamente para prepararnos y entrar a esta guerra digital, el tema en las redes sociales", aseguró Morales.

Agregó que "nuestra generación no conoce mucho, más tenemos control del territorio nacional mediante nuestros movimientos sociales, pero control vía internet no es nuestra práctica. Pero (estamos) obligados a aprender y entender todos para defender nuestra revolución democrática y cultural".

El presidente Morales, que durante años mostró su desconfianza en las redes sociales e incluso las llamó "recolector de basura", se estrenó en Twitter en abril de 2016 con la cuenta @evoespueblo, y hace unas semanas abrió una página oficial en Facebook.

En noviembre pasado se desató una polémica en el país sobre si Morales es el tuitero más seguido e influyente o si lo es el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

También en abril de 2016, el Gobierno boliviano creó la Dirección General de Redes Sociales, dependiente del Ministerio de Comunicación, para difundir información sobre su gestión y facilitar la interacción del Ejecutivo a través de estas plataformas.

El Ejecutivo boliviano atribuyó en su momento a una supuesta "guerra sucia" contra Morales en las redes sociales la derrota sufrida en el referendo de febrero de 2016, en el que fue rechazada mayoritariamente una reforma constitucional para permitir que el mandatario pueda volver a postular en las elecciones de 2019.