Hay, pues, contrastes muy definidos entre lo ocurrido en febrero de 2016 en que se efectuó el Referéndum y lo que ocurre hoy, a tres años de tan importante acontecimiento: 2016 fue año de reconocimiento pleno a los resultados del referendum porque se dijo en niveles de gobierno y de su partido: “Sea cuales fueren los resultados del referéndum, corresponde que haya reconocimiento y respeto por los resultados”; también se afirmó: “Vivimos en democracia y los resultados del 21 de febrero serán respetados, favorezcan a una u otra parte”; en fin, las expresiones que mostraban decisión plena y conciencia sobre el respeto a lo que la mayoría del pueblo había decidido eran irreversibles e imposibles de negar.

Cuánta diferencia que se presentó a poco tiempo, muy pocos meses, del mismo año en que hubo “arrepentimientos” y negativa a los resultados hasta el extremo de sostener: “hubo trampas para alcanzar una mayoría de votos; la diferencia era mínima y que todo era efecto de la mentira”. Lamentables las dos consecuencias: la primera, que el gobierno y su partido desconozcan lo que habían reconocido y comprometido respetar y, lamentable que el pueblo sea defraudado en sus anhelos, esperanzas y decisiones.

Desde el primer momento en que hubo desconocimiento de la limpieza, veracidad y transparencia de los resultados que dijeron “No a la repostulación del Presidente y del Vicepresidente”, el pueblo ha expresado sus convicciones y criterios sobre la legalidad del acontecimiento electoral que dio un “No” contundente. Se han conformado las llamadas “plataformas” para defender el resultado del 21 de febrero y la máxima “Bolivia dijo No” estuvo en boca de todos y hasta se pregonó en los países del mundo, especialmente en los lugares que visitó el Primer Mandatario porque tanto residentes como simpatizantes de Bolivia querían seguramente recordarle al Presidente que debía cumplir su palabra de respetar los resultados de una votación que lo desfavorecía y le negaba derecho a repostularse y prolongar sus mandatos en el gobierno.

Marchas, manifestaciones, protestas, pronunciamientos de una y otra parte sobre la validez o invalidez del Referéndum del 21 de febrero de 2016 han circulado en el país y ello ha determinado que ambas partes -gobierno y su partido y opinión pública conjuntamente la mayoría del pueblo- expresen sus criterios y convicciones; pero, lo grave de todo este “intringulis” es que desde la proclamación de los resultados que indicaban el NO categórico y terminante, a poco de la realización del Referéndun una Resolución del Tribunal Constitucional dando la razón al gobierno y su partido y negando la voluntad de la mayoría del pueblo, se ha profundizado una división en el país, división que, a esta altura de acontecimientos, circunstancias y situaciones, ha adquirido características muy graves y preocupantes.

Esa división coloca a las partes en una pugna difícil de controlar y más difícil de superar porque hay empecinamiento en los candidatos del MAS para “hacer valer su derecho a ser reelegidos” y, por la otra parte, la negativa categórica a esa reelección que, desde todo punto de vista legal sería totalmente contraria a los principios constitucionales y leyes pertinentes.

El candidato oficial y su partido, ante dos fracasos electorales (judiciales y referendum 21F) decidió convocar a un Referéndum (en franca imitación al “imperio”) para “establecer” la cantidad de militantes en cada partido; el suyo, MAS, inscribió lo más que pudo y sólo intervino hasta un 20%. El ausentismo habido determinó el resultado de un fracaso total. Ahora, queda el recurso de las elecciones generales de octubre. Todo este “concurso” de diferencias entre 2006 y 2019 deja al país angustiado ante los graves problemas que acarrea la división que lastima a la nación.

Lo cierto es que, gobierno y oposición deberían asumir la obligación de encuentros que permitan la unidad y concordia entre todos, porque de nada servirán posiciones antagónicas y diferencias radicales que lo único que lograrán será una mayor división del pueblo boliviano y cuyas consecuencias podrían ser desastrosas para nuestra democracia. Habrá que esperar, pues, actitudes dignas y positivas tanto en el gobierno y su partido como en la oposición en aras de conseguir concordia, respeto, consideración y conductas dignas en ambas partes que están obligadas a cumplir sus deberes con el pueblo al que se deben.