Indicó que durante su gestión se recibió alrededor de 200 denuncias de violencia y acoso político sobre todo de parte concejalas y asambleístas departamentales, que acusaban a sus colegas legisladores, alcaldes y hasta gobernadores. Montaño explicó que de las 200 denuncias, la mitad llegaron a  la conciliación, mientras que un 20% pasaron a la justicia ordinaria y las demás, alrededor de un tercio, quedaron abandonadas.

Señaló que los casos quedaron abandonados porque al solicitar documentación de respaldo a la denunciantes, las mismas sólo envían una hoja o ya no vuelven a aparecer por la comisión. Estima que entre estos casos abandonados también pueden estar algunos que hayan sido resueltos en la vía administrativa.

La diputada indicó que entre las denuncias recibida, las mujeres autoridades se quejaron de hechos como amenazas a la familia e hijos, además de ataques por ser mujeres jóvenes e incluso solteras.

Esas prácticas en Bolivia están prohibidas por la Ley 243, la cual tiene el objetivo de establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres.

En dicha norma se fijó que el castigo penal por el acoso político es de dos a cinco años de cárcel, y por la violencia política es de tres a ocho años.