Han pasado tres años de la realización del histórico referendo del 21 febrero de 2016, cuando 6.2 millones de bolivianos fueron habilitados para emitir su voto y expresar a través de él su rechazo o aceptación para que los actuales mandatarios puedan volver a repostularse a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia.

"¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?". Esa fue la pregunta que se planteó a los electores en esa jornada histórica.

Los resultados sorprendieron y fue el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) que los dio a conocer, indicando que el No se había impuesto con 51,30 por ciento de los votos, mientras que el Sí había logrado un 48,70 por ciento .

De acuerdo a datos oficiales del ente electoral, los votos válidos fueron de 5.151.610, alcanzado un porcentaje del 95,23 por ciento ; en tanto que los blancos sumaron 1,26 por ciento y nulos 3,52 por ciento .

Esos resultados mostraban que los mandatarios no podían volver a ser reelectos. Sin embargo, el Movimiento al Socialismo (MAS) acudió a instancias para demostrar que nada estaba dicho y que la repostulación aún era posible. A un año y nueve meses del referendo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el fallo que habilita a los actuales gobernantes a volver a repostularse en los comicios del 27 de octubre.

Esta situación desencadenó una serie de protestas de numerosos colectivos ciudadanos en todo el país y que hoy volverán a salir a las calles para exigir el respeto a su voto y denunciar que la repostulación de los mandatarios es ilegal. Como era de esperarse, los rivales de Morales y García Linera se sumarán a las manifestaciones de esta jornada que, por lo que se prevé, serán pacíficas.

En el otro frente, niegan que las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García Linera sean ilegales y se amparan en el fallo que emitió el Tribunal Constitucional en noviembre de 2017.

Lo cierto es que el resultado del referendo de hace tres años hizo que el país esté más polarizado que nunca y surjan dudas sobre el TSE y el Tribunal Constitucional. Mientras unos dicen Bolivia dijo No, otros aseguran que Bolivia dijo Sí. Ambos sectores esgrimen argumentos con los que respaldan su posición.

A ocho meses para la realización de los comicios presidenciales de octubre próximo, lo más probable es que esa polarización cobre mayor fuerza. 

Sin embargo, se espera que cada uno de los candidatos de los ocho binomios presidenciales habilitados respeten las reglas del juego y tengan la libertad de realizar sus campañas en cualquier parte del territorio del país.

Lamentablemente, dirigentes del partido oficialista han advertido que no permitirán que otros candidatos realicen campañas electorales, por ejemplo, en el Alto y el Chapare.

“No van a dejar, ellos no van a permitir (que hagan campaña). Nosotros no dijimos que dejen o no dejen, (pero) hay una conciencia de (las) bases que no permiten. Han visto en El Alto, (Carlos) Mesa ha querido hacer su campaña y lo han botado, lo mismo pasa en otros lugares”, afirmó el máximo dirigente de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, Henry Nina.

Todos los postulantes tienen el derecho de ingresar a cualquier población para que los electores los conozcan y sepan el plan que ofrecen para gobernar de 2020 a 2025.

No es necesario usar la fuerza para ganar. En lugar de hacer advertencias, los dirigentes de las tiendas políticas deberían trabajar para convencer a los electores que el binomio que impulsan merece su confianza.

Finalmente, en las urnas se definirá quién gobernará el país. Asimismo, los electores habilitados serán quienes tengan la última palabra.