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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: jueves 21 de febrero de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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A medida que transcurre la gestión gubernamental, la ciudadanía viene anoticiándose de algunas infidencias muy bien resguardadas de políticos influyentes de la estructura política del MAS, compuesta segmentariamente por indígenas, sindicalistas, pero también por hábiles tránsfugas, reciclados y oportunistas que después de ser parte de gobiernos neoliberales, hoy defienden la falacia del socialismo y el proceso de cambio.
La moral, los principios y la ética pregonados desde las esferas gubernamentales parecen no tener eco en sus correligionarios, cuya conducta es reprochable por los múltiples casos de corrupción y comportamientos irresponsables, hasta delincuenciales, guiados por una serie de argucias, falsedades y doble moral que no solo transgreden groseramente el estado de derecho y toda norma constitucional, sino que principalmente dañan al Estado y a la fe de los bolivianos.
Es el caso de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que se encuentra en el ojo de la tormenta, tras conocerse su doble nacionalidad boliviana-chilena y que apresuradamente pretendió zanjar mostrando ante la prensa su certificado de nacimiento en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, salieron a relucir nuevas evidencias que dan cuenta del certificado de nacimiento inscrito en el 2004 en el Registro Civil de Chile, que en su artículo 110, establece “la inscripción de nacimiento, matrimonios o defunciones de chilenos en el extranjero se efectuará en los registros de la primera circunscripción de la comuna de Santiago”. Además de verificar su habilitación para votar en la Comuna de Peñalolén, según el portal del Servicio Electoral de Chile.
La confirmación de la nacionalidad chilena manifiesta la doble moral de la Presidenta del Senado que maliciosamente omitió informar que además de tener la nacionalidad boliviana, gozaba también de la chilena, aspecto que ha sido ampliamente cuestionado por sectores políticos de la oposición como del oficialismo, éste último expresado en las declaraciones del ex-cónsul en Chile, senador y miembro del MAS Freddy Bersatti, quien manifestó su indignación hacia Salvatierra por haber ocultado su identidad al ser elegida senadora y Presidenta del Senado, instándola a dimitir por ética.
Recientemente, la legisladora procedió a renunciar voluntariamente a dicha nacionalidad ante el Consulado General de Chile, el pasado viernes. Si bien deberá esperar seis meses para tener una respuesta; queda claro que puede recuperarla cuando así lo desee; para ello sólo debe apersonarse al consulado y firmar una escritura pública para solicitar la eliminación de la anotación de la pérdida de la nacionalidad. En resumen, la Presidenta del Senado puede retomar la nacionalidad chilena cuando así lo requiera y le sea conveniente a sus intereses, pues es un derecho irrenunciable.
Si bien la CPE en sus artículos 149 y 234 no hace referencia a casos como el de Salvatierra, las objeciones y cuestionamientos a la conducta de la senadora están situadas en el plano eminentemente moral, ético y político. En el plano moral denota una conducta carente de valores, confianza, creencias existentes y aceptadas socialmente, para conseguir un objetivo (en este caso la senatoria y presidencia del Senado); más aún si recordamos que fue precisamente esta senadora quien propuso el fallido “Proyecto de Ley contra la Mentira”. En el Plano ético, evidencia una conducta impropia, por cuanto queda manifiesto el agravio al Estado y a la buena fe de los bolivianos y, por último, en el plano político, constituye una contradicción por la actitud poco amistosa asumida por el gobierno con el vecino país de Chile; además de dejar abierta por sucesión constitucional, la posibilidad de ocupar el alto cargo de la presidencia en ausencia del presidente y vicepresidente.
El autor es MGR. Docente investigador de la Universidad Mayor de San Simon (UMSS), Cbba.