“Siento que con las (elecciones) primarias hemos enterrado el 21-F (en Bolivia) y con la presencia de la CIDH en Sucre hemos enterrado al 21-F a nivel internacional”, dijo el mandatario en Cochabamba.

En realidad, la estrategia para “enterrar” la voluntad popular ha empezado inmediatamente después de conocidos los resultados del referéndum constitucional llevado a cabo hace tres años, cuando el No a una nueva postulación del presidente Evo Morales ganó con el 51% de los votos.

El primer paso fue instalar una posverdad indicando que el caso Zapata había sido un invento de la oposición y que, debido a esa mentira, había ganado el No en el referéndum. La gente votó engañada, se les escuchó decir a los voceros del oficialismo.

Frente a eso, los movimientos sociales salieron a la palestra a desconocer los resultados y a proclamar la candidatura de Evo Morales, lo que hicieron de forma incansable los tres años.

En paralelo, un grupo de legisladores del MAS presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, entidad que finalmente en noviembre del 2017 dejó en suspenso artículos de la Constitución para permitir que Evo Morales vuelva a postular de manera indefinida.

A la lista de sepultureros se sumaría luego el Tribunal Supremo Electoral, que amparado en esa sentencia constitucional  habilitó la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera. 

La rebuscada estrategia jurídica, sin embargo, no logró acallar los gritos de la gente que desde la calle reivindicaba el 21F y allá donde fuera el Primer Mandatario le recordaba que “Bolivia dijo No”.

Conseguida la aparente legalidad para su binomio, al MAS le faltaba legitimidad. Entonces creyó que para enterrar una votación hacía falta otra votación. Aceleró, entonces, las elecciones primarias, que se desarrollaron en enero de este año.

El MAS pretendía dar una demostración de fuerza logrando que un millón de militantes que se habían inscrito en el partido acudieran a votar por el binomio en cuestión. No ocurrió tal cosa. Menos de la mitad de los inscritos acudieron a votar y, lo que es peor, el 10% de los que sí participaron votaron blanco o nulo, es decir, en contra de la candidatura de Evo Morales.

A la oposición le quedaba entonces una pequeña ventana para mirar al exterior, particularmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de que se pronuncie en contra de la reelección.

Pero, el Gobierno también quiso cerrar esa ventana  durante las sesiones de la CIDH realizadas en Sucre. Dispuso para la ocasión un jugoso presupuesto de tres millones de bolivianos para solventar los gastos de la comisión, incluyó un tour para sus miembros en el Salar de Uyuni y copó los actos oficiales, donde promocionó a Evo Morales como el mejor presidente de la historia de Bolivia.

La comisión, por norma, no debe tratar los temas del país anfitrión, por lo que los opositores y activistas tuvieron que conformarse con exponer sus reclamos ante los miembros de la comisión sin obtener respuesta alguna.

Por ese motivo, el Gobierno cree que el 21F ha quedado sepultado gracias a la presencia de la CIDH en Sucre. Sin embargo, nada está dicho al respecto, aunque a juzgar por lo sucedido con el caso de Nicaragua, la respuesta podría ser extemporánea.

Sepultureros existen y muchos, pero el supuesto cadáver, que es el voto del pueblo, se resiste a morir. La estrategia jurídica y política no basta para pasar por alto la voluntad ciudadana, que es lo más sagrado de una democracia. Por eso, la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera sigue siendo inconstitucional y por mucho que llegue a las elecciones generales de octubre, nada cambiará que se ha violado un resultado democrático.