Medio: Jornada
Fecha de la publicación: martes 19 de febrero de 2019
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Un juez desestimó la acción legal que un grupo de activistas presentó contra la candidatura a la reelección del presidente de Bolivia, Evo Morales, que exigía que se cumpla el resultado de un referéndum que privó al mandatario de esa posibilidad, informó ayer una de las demandantes.
Contenido
En declaraciones a Efe, la activista María del Carmen Morales manifestó que la decisión del juez Alberto Zeballos de la ciudad oriental de Santa Cruz “ya se ha formalizado”.
El juzgado, que inicialmente había admitido la llamada acción de cumplimiento contra el presidente, entregó la notificación con su decisión por la que ahora rechaza la demanda, que pedía que se cumplan la Constitución y las leyes que limitan los mandatos presidenciales.
La activista lamentó que se haya emitido la decisión horas antes de la audiencia que debía dirimir el asunto, prevista para este martes, puesto que a su juicio el juez “debería haber esperado”.
La semana pasada un grupo de personas presentó la acción legal contra el presidente Morales, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y los vocales del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que habilitaron la nueva candidatura de ambas autoridades.
En aquella ocasión no se instaló la audiencia debido a que no se notificó a las autoridades señaladas el recurso, por lo que se fijó para el martes 19 de febrero.
Este lunes un fragmento de la determinación de juez Zeballos se hizo público por redes sociales y medios de comunicación bolivianos.
El texto señala la “improcedencia” de la acción de cumplimiento que presentaron la activista y otras cinco personas, aunque hace unos días fue admitida a trámite.
La activista señaló que la decisión responde a una “presión del Gobierno sobre el juez” y consideró que el magistrado comete el delito de prevaricato, es decir, una decisión arbitraria y contraria de las leyes.
“Vemos un delito y vamos a apelar”, ratificó María del Carmen Morales.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, el oficialista Víctor Borda, declaró a los medios que el juez “ha obrado dentro del marco de la legalidad y la legitimidad”.
La legislación boliviana establece que un juez no puede asumir una causa cuando ya existe una sentencia constitucional, aseguró Víctor Borda en referencia a un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia que en 2017 determinó el derecho a la reelección indefinida en el país.
Borda negó que se haya ejercido algún tipo de presión sobre el juez Zeballos, aunque colega suyo del gobernante Movimiento al Socialismo había anunciado un proceso contra el magistrado por el solo hecho de admitir esa demanda.
El Constitucional falló a favor de la reelección indefinida en base a un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por Bolivia, que reconoce el derecho de una persona a ser elegida y del pueblo a elegirla.
El órgano electoral del país decidió el pasado diciembre que este fallo prevalece sobre el referéndum de 2016 que impidió una reforma constitucional para habilitar a Morales y a García Linera como candidatos a una nueva elección, ya que la Constitución boliviana limita a dos los mandatos consecutivos.
Evo Morales, el presidente con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia, y García Linera aspiran en las elecciones del próximo octubre a un cuarto mandato hasta 2025.
El Constitucional ya autorizó para un tercer mandato a Morales, en el poder desde 2006, al entender que el primero no contaba porque el país se refundó en 2009 de República a Estado Plurinacional.
