Si bien es posible detectar que desde la realización del referendo constitucional del 21 de febrero de 2016, en el que la ciudadanía se pronunció, por mayoría absoluta, en contra de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que prohíbe una nueva postulación del Primer Mandatario, buena parte de las iniciativas administrativas del Gobierno han fracasado, provocando elevados costos económicos y políticos al país y a su propia legitimidad.

En lo que va del año, su errática forma de actuar en su relacionamiento con diferentes sectores de la sociedad, así como las pugnas internas y las precipitadas decisiones de orden económico que se van adoptando son peligrosos síntomas de que estamos en un estado de creciente descontrol, que puede ser el camino a un estado de desgobierno, entendido éste como “desorden, desconcierto, falta de gobierno” (Diccionario de la Real Academia Española).

Ejemplos al canto: el mal tratamiento a la movilización de los médicos del país en rechazo a algunos artículos del nuevo Código del Sistema Penal sobre su actividad, a quienes se sumaron otros sectores con contundencia, dio lugar a que el Gobierno se vea obligado a abrogarlo, luego de que con tanta soberbia lo promulgó el Vicepresidente del Estado y defendieron las principales autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El incumplimiento de promesas de orden económico a los agropecuarios del oriente por presión de sus colegas de Cochabamba.

La abierta pugna entre los fiscales del Ministerio Público con la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno (entidades encargados de garantizar la seguridad ciudadana y la pacífica convivencia social) o las recientes renuncias de importantes autoridades del Estado por maltrato de sus superiores (“discriminación”, acoso, incumplimiento de promesas, etc.).

A lo anterior se debe agregar la imposibilidad de incorporar a nuevas figuras políticas, lo que va reduciendo el núcleo de poder del MAS a un círculo cada vez más estrecho de colaboradores que incluso tienen que optar por el mecanismo tan criticado por el propio Mandatario de nombrar como funcionarios administrativos a parlamentarios elegidos por voto popular.

En ese escenario, sólo el Presidente del Estado tiene la capacidad de rectificar el rumbo de su Gobierno y reciclar sus propuestas de país. Pero, al parecer, ello pasa por revisar el interés de prorrogarse inconstitucionalmente en el ejercicio del poder.