En el ámbito internacional los tratados sobre los derechos humanos, obligan a ampliar el catálogo de los derechos fundamentales y ofrecen un gran argumento para hacerlo. De esta forma, debemos entender que los derechos humanos se van consolidando en la medida en que  la comunidad internacional y regional los va incorporando. Esto quiere decir, que la regla del artículo 13.IV de la CPE al consagrar el bloque de constitucionalidad, se aplica la Carta Americana de los Derechos Humanos cuando establece un estándar superior. Nunca inferior, al propio de la Constitución (ver art. 256 de la CPE).

Desde el punto de vista jurídico-constitucional la democracia en Bolivia está en riesgo o se autodestruye, por la omnipotencia de un gobierno absolutista que por su mayoría política: a) controla con rigidez política, amenazas y presión todos los órganos o poderes del Estado, sin respetar su independencia; b) dicta leyes imponiendo su mayoría formal y legal sin el mínimo de respeto al debate de minorías y, en beneficio del partido o sin escrúpulo del binomio Evo Morales Ayma y García Linera; c) se conforma y reestructura el Tribunal Supremo Electoral (adelante TSE) con vocales intérpretes y ejecutores de proyectos y directrices del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa Plurinacional, provocando situaciones injustas e inconstitucionales por favorecer al régimen (habilitación del binomio del MAS para las elecciones del 2019); d) Un Tribunal Constitucional Plurinacional (en adelante TCP) que deja mucho que desear de su independencia y coherencia competencial, al dictar la SCP 0084/2017 de 28 de noviembre que “autoriza la reelección indefinida de Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera y otros”; desconoce  que en acciones abstractas de inconstitucionalidad no es permisible mutar o inaplicar artículos de su propia Constitución (ver art. 202.I CPE), más aún si el Constituyente ha establecido un procedimiento general para la reforma total de la Constitución y fijado un procedimiento especial para la reforma parcial de la Constitución (ver arts. 411.I y II., de la CPE) y, e)  Si Bolivia es un Estado libre, democrático y soberano, es decir que la voluntad soberana reside en pueblo boliviano (ver art. 1 de la CPE) ¿por qué el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral durante éstos tres años en que los ciudadanos bolivianos por Referéndum de 21 de febrero convocado por el partido de gobierno le  DIJERON NO A LA REFORMA DEL artículo 168 de la Constitución y por consiguiente NO A LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE EVO MORALES Y ÁLVARO GARCÍA LINERA, persisten  de manera fraudulenta restando el carácter vinculante, obligatorio y de cumplimiento eficaz e inmediato del Referéndum 21f?

La respuesta del gobierno hacia los ciudadanos es  antidemocrática  y sencilla: primero, sostienen porque la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional es vinculante y obligatoria, pero se auto-descalifican cuando el propio asesor de la Constituyente doctor Roberto Viciano dice que la SCP 0084/2017 tergiversa la interpretación del artículo 23 de la CADH; segundo, expresan que el Referéndum 21 f será sepultado por las primarias premonición alejada de la verdad, porque el Referéndum 21 f logró 2.682.517 de  votantes que se inclinaron por el NO a la reelección (51,3%), en tanto que el binomio Morales Ayma y García Linera alcanzaron el apoyo mínimo de 400.000 de sus militantes en las primarias del 27 de enero de 2019 (40%) y tercero, ahora recurren a la falacia que la Comisión IDH en su 171 sesiones realizada en Sucre ha enterrado el Referéndum 21 f. Ante semejantes impropiedades ajenas a la teoría constitucional y a la realidad social,  no sería nada extraño que emerjan de la matriz  intelectual del presidente, vicepresidente, senadores , diputados y afines del MAS, otras     megalomanías para perpetuarse en poder por encima de la CADH.

El régimen de gobierno ¿por qué no quiere irse por la puerta ancha? Porque sabe que el periodo que termina y el que procura escalar a costa de la fidelidad del Tribunal Supremo Electoral son ilegales, antidemocráticos y anticonstitucionales (2015-2019 y 2020-2025). Por tanto violan los derechos políticos y derechos humanos de la CADH y de la DD.HH. (art. 23.1.b y art. 25 incs. A), b) y c)). Además se pretende blindar perpetuándose en el poder por obras denunciadas con sobreprecio, verbigracia: La Casa Grande del Pueblo costó 240 millones de dólares, el Museo de Orinoca 50 millones de dólares, Estatua a sus padres de Evo Morales en la Localidad de Punata demandó 4 millones de dólares, avión presidencial Falcón francés 38,7 millones de dólares,  3 aviones y 2 helicópteros 20,3 millones de bolivianos, 5 vehículos de seguridad de los cuales 2 son blindados costaron 6,2 millones de dólares,  barcazas chinas 30 millones de dólares, Fondioc 182,7 millones, desfalco  Banco Unión 37,69 millones. También, cuando no existen jueces para esclarecer la corrupción y delitos de lesa humanidad como el narcotráfico y genocidio, valdría recordar la sentencia que  la Corte Penal Internacional dio  a Ratko Mldic “carnicero de Bosnia”, condenado por genocidio, destrucción de la economía, desfalco a pena  perpetúa.

En esta línea las plataformas ciudadanas, Comité Cívicos, binomios opositores y organizaciones civiles, que en posición constitucional, democrática defienden con principios y convicción el valor del Referéndum 21 f, que vive y palpita en el civismo de toda la sociedad boliviana, expresan el despertar y esperanza del pueblo para vivir en libertad, paz y seguridad jurídica. Protesta civil pacífica que recordando los tres años del Referéndum 21 f, lanzan un mensaje al régimen de gobierno que defenderán la democracia, la alternancia, el valor del Referéndum 21 f y los derechos humanos y políticos contenidos en la CADH y en la DD.HH., y exigirán a la víctima de los derechos que son la Comisión IDH y la Corte IDH, su decisión urgente e inmediata aún sin esperar la petición de opinión consultiva, por la gravedad de la situación hasta “deshabilitar al binomio Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera” en las elecciones del 2019. Seguros de abrir pronunciamientos ante organismos internacionales que respalden la causa democrática de Bolivia.

En Bolivia no necesitamos de tribunos que se cabalguen en una Constitución de militantes, ni de vocales electorales que deslegitimen la democracia al servicio de un partido político, sino de autoridades dignas, por así decirlo “óptimo iure” para restaurar la democracia.