En realidad se trata de una cuestión que ya está en análisis de este organismo que la semana pasada deliberó en Montevideo. Se trata de una acción que no solamente involucra a Bolivia, ya que hay quejas en otros países como Venezuela, donde también se ha distorsionado la labor judicial al ser sometida al arbitrio político partidista. La semana pasada, la CIDH instaló su 165 sesión en Uruguay, a la que concurrieron delegaciones de varios países para exponer algunos hechos concretos atentatorios a los derechos fundamentales mediante la anulación de la justicia. Allí se presentaron representantes de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), que denunciaron que en Bolivia se aplica una política sistemática de destrucción de la independencia judicial, con relación a la carrera judicial y que ahora hay designaciones "discrecionales" influidas por el poder partidario.

Luego de escuchar los argumentos de las delegaciones de Bolivia, Perú y Paraguay, sobre la falta de independencia judicial y el acceso a la justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó la "falta de criterios transparentes y objetivos en la selección de jueces para integrar altas cortes". El representante boliviano de la Amabol, Arturo Yáñez explicó que antes de la aprobación de la Constitución Política del Estado los jueces accedían a la carrera judicial mediante el Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB) y a través de concursos y convocatorias públicas, pero en la actualidad las designaciones "son discrecionales, influenciadas por el poder político".

La CIDH, mediante un comunicado, expresó preocupación por la debilidad de algunos sistemas de justicia, la falta de independencia y autonomía de algunas instituciones, entre ellas de algunas defensorías del pueblo. En su informe de gestión, señala que se realizaron 28 audiencias públicas, y reuniones sobre Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como temas regionales que afectan a América o a subregiones del continente. La CIDH continúa avanzando en la discusión y seguimiento de la situación de derechos humanos en Venezuela Asimismo, a iniciativa propia de la CIDH, se realizaron otras dos audiencias sobre este país, sobre la situación de la institucionalidad democrática, y la situación de violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión.

El documento señala que la CIDH también se encuentra preocupada por las amenazas, la criminalización, las represalias y la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y contra periodistas, socavando su rol fundamental y esencial en la consolidación de la democracia y en la lucha contra la corrupción y contra el abuso de autoridad. También se detecta un aumento en el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones y protestas, así como también en la represión policial, lo cual afecta particularmente a las poblaciones en mayor vulnerabilidad como personas en situación de pobreza, pueblos indígenas, comunidades afro descendientes y campesinas, sindicalistas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, migrantes, refugiados, apátridas, desplazados internos y personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, entre otros sectores. Estos y otros elementos conforman un escenario complejo para la protección y defensa de los derechos humanos en la región.

El acceso a la justicia y las condiciones necesarias para garantizarla es otra línea transversal en el trabajo de la CIDH. En Montevideo se realizaron varias audiencias que abordaron diferentes aspectos de esta temática: Independencia judicial y garantías del debido proceso en Paraguay; Independencia del Tribunal Constitucional de Perú; Autonomía e independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos en Uruguay; e Independencia judicial en Bolivia, son algunos de los casos tratados.