Comités Cívicos y Plataformas Ciudadanas alistan preparativos, y ambos bloques escenifican una especie de pax romana, salvo en Tarija, para tratar de recuperar un pulso muy tocado por la transversalidad de la carrera electoral y la indefinición de estrategia como colectivos. Si los Comités Cívicos ya no necesitan dar muestras de sus fidelidades, las Plataformas tratan de no verse funcionales a nadie, en un ejercicio de postureo que aún más convierte sus apariciones en forzadas.

La cuestión es que el jueves se cumple el tercer aniversario de la consecuencia concreta y palpable del primer escándalo que realmente afectó a la credibilidad del valor central del Gobierno del MAS: el Presidente Evo Morales. El 21 de febrero se cumplen tres años del Referéndum Constitucional en el que el MAS pidió saltarse la Constitución por una sola vez y atendiendo a los buenos oficios del Presidente y que sin embargo resultó derrotado con autoridad.

Lo que ha venido detrás de aquello para el oficialismo ha sido una carrera contra el tiempo para tratar de estar en las elecciones de octubre con su principal valor, sin acabar de definir si de lo que se trataba era directamente de desconocer los resultados o de tratar de convencer de que estos fueron lo que no eran. La primera parte nada más conocer la derrota la dedicó a crear aquello del “cártel de la mentira” y la conspiración con Gabriela Zapata y el hijo – que por cierto reconoció el propio Presidente y el Vicepresidente aseguró haberlo visto ejerciendo de padre ejemplar – sin que se obtuvieran resultados positivos de cara a la población, que esencialmente sigue rechazando la eternización en el poder.

La segunda parte la ha dedicado a tomar la vía directa y resistir. Encarar a un Tribunal Constitucional saliente para hacer una interpretación sui géneris, garantizarse la participación impunemente y desde ahí, desarrollar una tarea de dulcificación de la situación. En estas anda el gobierno, sobre todo, con un argumento: Sin Evo Morales y el MAS, la economía del país se irá de nuevo a la basura.

Es evidente que en esa coyuntura de aceleración, el partido de gobierno ha contado con la inestimable ayuda de los partidos políticos, que no han perdido la oportunidad de empezar a hacer lo que mejor saben hacer. Quedan ocho meses de campaña y la demanda de respeto a la institucionalidad ya parece estar quemada por el manoseo político y aquellos que abrazaron causas con el claro afán de posicionarse.

En cualquier caso, el respeto a la institucionalidad democrática es algo que va más allá de las ambiciones políticas de unos y otros. Las plataformas no deberían dejarse vencer tan fácilmente por el agotamiento y la falta de respuestas; ahora bien, tampoco deben olvidar que los cambios de verdad se producen en las urnas.